Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Santiago Urrego
El próximo 19 de octubre, Colombia se enfrenta a su segunda prueba electoral de los Consejos de Juventud, un mecanismo diseñado para fortalecer la participación democrática juvenil.
Los datos de las primeras votaciones en 2021 muestran una deuda de la participación o más bien, de un Estado que no dio las herramientas suficientes a los jóvenes para ejercer su derecho al voto y saber la importancia del mismo.
«La baja participación juvenil no se explica sólo por apatía individual; es el resultado de un entramado cultural e institucional que desincentiva el involucramiento, transmitiendo la idea de que ‘no paga’ participar”, dice Paula Ximena Montana, lideresa social de Villavicencio, y candidata al CMJ por el Observatorio joven de la Orinoquía «Ojo abierto»
La crisis de participación se materializó en el 2021, y el proceso de 2025 se presenta como la prueba de fuego para el sistema y su futuro como plataforma.
En la primera elección, realizada en noviembre de 2021 hubo 12.2 millones de jóvenes habilitados para votar pero sólo 1.2 millones acudieron a las urnas, es decir, apenas votó el 10% de los habilitados.
Para agravar el panorama, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que casi el 23% de los votos fueron nulos, una cifra atípica en procesos electorales que evidenció una falla masiva en la pedagogía electoral.
“Necesitamos transformaciones estructurales: espacios comunicativos con lenguaje propio, políticas públicas que reduzcan riesgos y acompañamiento real para que involucrarse deje de ser una apuesta sin retorno», señala Ximena.
Para las elecciones de octubre de 2025, el escenario es paradójico. Por un lado, el censo electoral juvenil se ha reducido ligeramente. Pasó de 12,2 millones en 2021 a 11.7 este año.
Por otro lado, la Registraduría ha confirmado la postulación de más de 45.000 candidatos, lo que sugiere un crecimiento notable con respecto al 2021, alrededor de un 16%.
Este choque de realidad frente a las expectativas de participación es el principal riesgo para la representación de los jóvenes. Si la oferta de líderes se dispara, pero el número de votantes se mantiene estancada en el mismo 10% de las elecciones pasadas, la competencia se intensifica de una forma que beneficia la instrumentalización política.
¿Por qué?
Los resultados de 2021 mostraron una tendencia: más de 500 mil votos fueron a partidos y movimientos políticos, superando ampliamente a las listas independientes.
Los partidos tradicionales solo necesitan movilizar su maquinaria para asegurar curules, debilitando la autonomía de los Consejos y convirtiéndolos en extensiones políticas de los poderosos, en lugar de órganos de control social.
La crisis de participación no es simple «apatía.» Es la consecuencia de una mala representación, la juventud colombiana demostró un altísimo nivel de agencia política en la movilización de 2021.
“A ese problema se suma un desfase entre el discurso que responsabiliza a los jóvenes del futuro”, cuenta Ximena. Y es que los jóvenes participan en la vida política, por ejemplo, a través de la protesta o de actos culturales, no necesariamente a través del voto formal.
A esto se suman las barreras estructurales, como el alto índice juvenil, que se situó en un preocupante 15% en 2025, por lo que participar en política a veces termina siendo un privilegio.
Además, es difícil entrar a los espacios políticos como loe explica Ximena: “El liderazgo joven se percibe como antinatural porque históricamente se ha privilegiado la experiencia acumulada, lo que margina a las juventudes y limita su acceso a espacios de decisión”.
El 19 de octubre no solo se elegirán a los 10.837 consejeros. El país decidirá si la promesa del Estatuto de ciudadanía juvenil se consolida y el futuro de los Consejos de Juventud. Si la participación no logra superar ese mínimo histórico del 10%, la crisis se agravará y la democracia juvenil en Colombia tendrá un bache de legitimidad a largo plazo.
