Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: María Paula Suárez N y jóvenes vinculados al SRPA
En Colombia, el acceso a la salud es un drama que no da tregua, pero en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA), más barreras de lo que hemos normalizado se interponen a la hora de buscar una cita médica o de acceder a un hospital en caso de una emergencia.
El tener una sanción de privación de libertad no debería suponer también estar privado de este derecho fundamental, que en el papel está protegido, pero en la práctica, es mucho más difícil de cumplir.
El hecho de no poder acceder a un analgésico común sin prescripción médica, la falta de instalaciones adecuadas para atender problemas de salud, la dificultad de salir de los Centros de Atención Especializada (CAE) por falta de patrullas que movilicen a las usuarias, las demoras de una activación de ruta, tanto por negligencia del personal del centro, como de protocolo de la EPS, son las principales barreras que tienen muchos jóvenes.
Es el caso del Centro de Atención Especializada (CAE) Hogar Femenino La Esmeralda, cerca de 70 jóvenes usuarias del SRAP viven una carrera de obstáculos marcada por la burocracia cada vez que tienen una eventualidad con su salud. La falta de personal, pero también, una cultura de desconfianza sistemática hacia el dolor de las internas.
Las cifras respaldan esta sensación de abandono: en centros como este, menos de la mitad de los jóvenes logran una cita de medicina general y el acceso a psiquiatría es inferior al 20%, según el informe de Aproximación a la situación de salud de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal del 2021.
La barrera de la incredulidad
El caso de Yineth, una de las adolescentes recluidas, ilustra la negligencia. Lo que comenzó como un dolor abdominal agudo se transformó en una espera de dos semanas con una apendicitis en curso, una condición que requiere atención inmediata. Cuando finalmente activaron la ruta, Yineth fue ingresada de emergencia en el hospital, pues la condición estaba a punto de convertirse en peritonitis.
“En la segunda semana yo ya no podía del dolor, no me podía parar de la cama, tenía muchas ganas de vomitar. Esa mañana ya todo lo que desayunaba lo vomitaba. Llegó la coordinadora cuando yo ya lloraba de dolor. Entonces ella dijo: ‘No, pues ya llevas muchos días, entonces vamos a activar la ruta’», cuenta Yineth.
Para el personal y el sistema, según usuarias, el dolor de las jóvenes a menudo se interpreta bajo la sospecha de la manipulación.
«Ellas no creían, decían que era maña», agrega la jóven, quien recibió diagnósticos improvisados de cólicos o infecciones urinarias antes de ser atendida por un médico.
Un laberinto burocrático
La atención médica en La Esmeralda no solo falla por incredulidad, sino por un estricto protocolo que ata de manos al personal de enfermería.
Laura Achuri, enfermera del centro, explica que por normas del ICBF no se puede dar ningún medicamento que no haya sido formulado por un médico. “No sabemos si pueden ser alérgicas o puede producirles algo en su cuerpo».
Esta normativa, diseñada para proteger, se vuelve contraproducente cuando el sistema de emergencias externo no responde. Ante una crisis, la única opción es llamar a la línea 123, pero la respuesta es ineficiente. «Siempre se demoran en llegar, sea la prioridad que sea. Hemos pasado en eso la prioridad y no llegan al momento, toca hacer llamado más de cuatro veces», denuncia la enfermera.
La dependencia de las EPS
Laura Rojas, representante del ICBF, reconoce las falencias estructurales. La funcionaria admite que, aunque los defensores de familia y equipos psicosociales intentan gestionar la atención, chocan contra la pared de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
«Sabemos que muchas veces es difícil que esas rutas se activen o que les asignen una cita y esto sucede porque la agenda depende de la EPS. Además, el sistema de salud en Colombia aún tiene muchas dificultades, como la falta de personal o los trámites administrativos que retrasan la atención», explica Rojas.
La situación es tan crítica que el personal psicosocial del CAE La Esmeralda ha llegado a sugerir que las familias retomen el control de la salud de sus hijos, ante la incapacidad institucional de gestionar citas para una población de 70 usuarias con solo dos personas encargadas de los trámites.
«Para mí la propuesta sería directamente que los familiares se hagan cargo de la salud de las usuarias… porque cuando usted formula que tenemos 70 usuarios y las 70 tienen patologías diferentes, y solo tenemos dos personas que sacan citas, ¿cómo pretenden ser eficaces?», cuestiona un miembro del equipo psicosocial.
Una cuestión de dignidad
Para una población donde el 90% proviene de estratos bajos y un alto porcentaje ha sido víctima de violencia previa, como lo indica el citado estudio, la desatención médica no es solo un fallo logístico, es una revictimización. Las jóvenes sienten que su bienestar es un juego de azar donde «uno se puede estar muriendo y pueden ser dos cosas: es mentira o está llamando la atención».
A pesar del panorama sombrío, voces institucionales como la de Laura Rojas insisten en la importancia de visibilizar estas fallas a través de los canales de denuncia, recordando que «la salud no es un favor ni un lujo, sino un derecho fundamental».
Mientras la burocracia y la desconfianza sigan dictando los tiempos de atención, la rehabilitación integral de estas adolescentes seguirá siendo una promesa incumplida, atrapada en una sala de espera interminable.
