Ilustración: Isabella Mesa Viana
Por Santiago Urrego
En el umbral de las elecciones al Consejo Municipal de Juventud (CMJ), hay un problema que rara vez se pone en el centro del debate, pero que para muchos adolescentes en territorios vulnerables es una cuestión de vida o muerte: el reclutamiento forzado y la utilización de jóvenes por grupos armados ilegales. Con cifras en aumento y estrategias de captación cada vez más sofisticadas, hablar de este fenómeno no es alarmismo, sino una urgencia de derechos.
Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, se registraron 409 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en 2024, frente a 342 en 2023. Sin embargo, el organismo precisó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas comunidades no denuncian por miedo a las represalias o porque el aislamiento no se lo permite.
Estos números, aunque ya graves, apenas reflejan la superficie de un problema estructural. El reclutamiento no se limita a incorporar jóvenes en combate: también incluye su uso y utilización en tareas de espionaje, transporte de armas o drogas, vigilancia y apoyo logístico. Para muchos adolescentes, el ingreso a estas redes ocurre bajo engaño, coerción o la promesa de un ingreso rápido en contextos donde el Estado está ausente y las oportunidades escasean.
A menos de una semana de las elecciones juveniles, hablamos con Sebastián Trilleros, politólogo de la Universidad del Tolima para analizar por qué el reclutamiento y la utilización de jóvenes por grupos armados surgieron como unos de los temas más preocupantes durante los foros del SRPA y qué nos dicen sobre las realidades que enfrentan muchos adolescentes en el país.
Un problema que se siente en los territorios
Los departamentos con mayor presencia de conflicto y economías ilegales concentran el grueso de los casos. Cauca encabeza la lista con más de 300 reportes en 2024, seguido de Nariño, Meta y Chocó, regiones donde los grupos armados se disputan el control territorial y, con ello, el reclutamiento de nuevas generaciones. En la mayoría de los casos, los responsables son las disidencias de las FARC-EP, que representan más del 90 % de los casos conocidos, seguidas por el ELN y estructuras dedicadas al narcotráfico como el Ejército Gaitanista de Colombia – EGC también conocido como el Clan del Golfo.
El fenómeno tiene además un rostro profundamente desigual. Los jóvenes indígenas y afrocolombianos son los más expuestos, especialmente en zonas donde la falta de educación, el desempleo y la inseguridad alimentaria crean un terreno fértil para la captación. En muchas comunidades, el reclutamiento se presenta como una forma de supervivencia: una salida temporal a la pobreza o al abandono estatal. Detrás de cada caso hay historias de coerción, falsas promesas y rupturas familiares difíciles de reparar.
Efectos sobre la juventud y la democracia
Cuando un joven es reclutado o utilizado, se niegan de inmediato sus derechos fundamentales: pierde el acceso a la educación, a la salud, al juego y a la participación. La experiencia del reclutamiento suele implicar violencia física y psicológica, explotación sexual y una pérdida total del proyecto de vida. Incluso cuando logran desvincularse, las y los jóvenes enfrentan estigma, persecución y miedo a ser reconocidos como exmiembros de grupos armados.
Esto no solo destruye trayectorias individuales; también erosiona la confianza social y la participación política. En contextos electorales como el del CMJ, el reclutamiento actúa como una forma de silenciamiento: muchos adolescentes en riesgo no pueden votar, participar ni postularse. Otros son engañados con promesas de protección o poder local. Así, el fenómeno no solo vulnera derechos individuales, sino que distorsiona la representación juvenil misma, al excluir a quienes más necesitan ser escuchados.
Juventud, seguridad y ciudadanía
El desafío para las juventudes y los futuros consejeros del CMJ es enorme. Si las políticas locales de juventud no abordan la seguridad integral, la protección frente al reclutamiento y la oferta real de oportunidades, seguirán reproduciéndose los mismos vacíos que los grupos armados aprovechan. En muchos municipios, las rutas de atención aún son débiles, la articulación entre instituciones es mínima y los programas de prevención se concentran en las capitales.
Frente a eso, urge un enfoque territorial y diferencial que reconozca cómo el reclutamiento afecta de manera distinta a mujeres, comunidades rurales, pueblos indígenas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. Prevenirlo requiere más que campañas: implica educación, cultura, presencia institucional, empleo digno y reconstrucción del tejido social.
La oportunidad del voto
Con las elecciones del CMJ tan cerca, este tema debería ocupar un lugar central en los debates juveniles. Las y los candidatos pueden y deben incluir compromisos concretos para proteger a las juventudes en riesgo de reclutamiento, visibilizar el problema y fortalecer las redes comunitarias que ofrecen alternativas. El voto joven puede ser una forma de resistencia frente a la violencia, y una manera de recordar que la seguridad no se construye con armas, sino con oportunidades.
