Ilustración: Isabella Meza Viana
Por Radio Trompo
Al mediodía del sábado 16 de agosto de 2025, 19 menores saltaron por el techo del Centro de Atención Especializada (CAE) La Primavera en Montenegro, Quindío, cayeron a la calle y corrieron sin rumbo, después de haber organizado un motín e incendiado varios colchones.
Desde ese episodio, según trabajadores del centro, se registraron múltiples intentos de fuga adicionales y desórdenes reiterados, sobre todo en los patios de mayores. El 22 de octubre, en otro intento de motín, los jóvenes incendiaron espacios como aulas, sala de meditación, biblioteca, panadería y peluquería recién adecuadas y próximas a inaugurarse.
Estos hechos llevaron a convocar un Comité Extraordinario de Seguridad, con participación de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldes y el ICBF, donde se comprometieron a reforzar la red de salud mental, ampliar programas educativos y culturales, y monitorear de forma permanente los riesgos de evasión.
Pero la problemática no es solo en Montenegro, sino el reflejo de un sistema que le pide al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ser, al mismo tiempo, cárcel, escuela y taller restaurativo.
Mientras tanto ni la Policía, ni el ICBF, ni los operadores quieren asumir del todo la responsabilidad por la seguridad de los centros y los menores.
No es solo en Quindío
En la madrugada del 6 de febrero de 2025, nueve jóvenes usaron sábanas para descolgarse por los muros del CAE Buen Pastor, en Cali. Cuatro de ellos estaban sancionados por homicidio, otros por porte de armas y violencia intrafamiliar. La escena, descrita en el parte oficial de la Policía de Infancia y Adolescencia, terminó con un reporte preocupante: se lograron fugar.
El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, fue concreto, los CAE son “puntos vulnerables” y allí las fugas son recurrentes. También reveló que en las requisas en dichos centros encuentran armas cortopunzantes, celulares y dinero, sin claridad sobre cómo ingresan ni quién los introduce, y pidió medidas urgentes al ICBF, entidad que contrata a los operadores de estos centros.
Lo ocurrido en La Primavera y el Buen Pastor no es un hecho aislado. En junio de 2025, en Ibagué, residentes del barrio Restrepo escucharon cómo los jóvenes rompían vidrios y tejas para intentar huir por los techos de sus casas, vecinas de un centro de resocialización para menores. Al menos 20 jóvenes participaron en el intento de fuga. Y una vecina denunció que estas situaciones “pasan cada semana”.
Bogotá también ha sido escenario de fugas masivas. En diciembre de 2023, 41 menores escaparon del CAE El Redentor tras un amotinamiento. 16 internos resultaron heridos y hubo daños estructurales en ocho dormitorios. El ICBF atribuyó la crisis al cambio de operador e insistió en su compromiso con una “nueva justicia restaurativa” y con ofrecer segundas oportunidades a los jóvenes.
El Redentor ya había encendido las alarmas. En 2020, un motín con incendio incluido dejó un resultado de al menos cuatro heridos y unas 50 evasiones. En enero de 2024, otro intento de fuga fue controlado por el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia durante una jornada de visitas familiares. Ese día no lograron evadirse, pero el centro aumentó su vigilancia y controles internos.
A lo largo del país las escenas se repiten: techos rotos, sábanas convertidas en cuerdas, colchones incendiados y barrios vecinos que se sienten amenazados por las fugas en los centros donde los adolescentes y jóvenes son privados de la libertad.
¿Quién los cuida?
El personero delegado para Infancia, dijo que el problema no es solo de un CAE, sino de un modelo completo en el que el ICBF contrata operadores cuya misión es educativa y restaurativa, pero no de seguridad.
Hay casos muy particulares, por ejemplo, Victor Cifuentes* fue un joven que estuvo privado de la libertad en un CAE de Neiva, fue sancionado a 4 años de privación de la libertad y se evadió unas 10 veces. Solo falló en una de ellas. En otra ocasión, intentando escapar, se cayó del techo y se cortó un costado del torso, pero alcanzó a llegar hasta el hospital, donde se fugó de nuevo.
Desde el CAE explican que este año ha sido particularmente complejo, después de un motín en enero las evasiones aumentaron. Además, el CAE quedó con daños de infraestructura calculados en unos mil millones de pesos, y aunque el ICBF ha invertido en algunos arreglos, “el resto le corresponde a la Gobernación”, dice la directora.
Una situación que, según ella, dificulta todo el proceso porque “si un adolescente no se siente bien en el lugar donde está, es muy difícil que el proceso funcione”, cuenta Prieto.
Por su parte, los adolescentes del CAE La Primavera, en Montenegro, reclaman de manera conjunta (temen hacerlo de forma individual) alimentación en mal estado, poder usar ropa particular, flexibilidad para el consumo de marihuana o visitas íntimas. Además, denunciaron requisas violentas y agresiones por parte de la fuerza pública. Un escenario perfecto para estallidos, violencias internas y fugas.
El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, señaló que para ellos, una de las hipótesis sobre la raíz de esta problemática es la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas. También alertó de un “grave problema de salud mental” entre los adolescentes y sus familias.
El personera de Cali ha insistido en que “ningún centro de atención especializado para menores de edad presta las garantías de seguridad necesarias” y que la frecuencia de fugas está ligada a un diseño institucional donde los operadores se concentran en lo pedagógico.
Pero entonces entra un nuevo dilema, ¿deberían abandonar los operadores su labor pedagógica y restaurativa y tener más “mano dura”? Es allí, donde empiezan, muchas veces, a vulnerarse en los centros, los derechos de los jóvenes que están allí para su protección.
Para Claudia Prieto, no se trata de negar derechos, sino de una estrategia distinta: “diferenciar qué es un derecho y qué es un privilegio”. Están implementando un sistema de fases, donde cada adolescente adquiere privilegios según cumpla con su obligaciones. La directora aclara, que el televisor, entrar una torta o una loción: son un privilegio.
La tensión entre seguridad y enfoque pedagógico atraviesa al SRPA desde hace años. El Buen Pastor de Cali, por ejemplo, opera en las instalaciones de una antigua cárcel de mujeres. Tras una fuga de 82 adolescentes durante un motín —episodio que terminó con la muerte de uno de ellos—, la respuesta se centró en reforzar muros y rejas, más que en la mejora de los programas internos.
Claudia, pide recordar que ellos no son “un centro penitenciario, no tenemos custodios. Tenemos unas alianzas estratégicas y unos compromisos que tiene que cumplir, en este caso, la policía”. Y explica que sus funciones son dos: La garantía de derechos (educación, recreación, cultura, deporte, alimentación, vivienda) y la de justicia restaurativa.
Acepta, además, que “estar privado de la libertad nunca va a ser fácil y muchos jóvenes entran en desesperación”, lo que desemboca en fugas.
En el país, los datos sobre evasiones en el SRPA están fragmentadas y, hasta ahora, no existe un sistema público unificado que permita conocer cada fuga, recaptura o intento frustrado. Pero los episodios aquí descritos muestran un patrón claro: no son excepciones, sino síntomas repetidos de un sistema con fallas estructurales, a la espera de ser solucionadas.
Mientras la discusión pública suele girar en torno a si estos jóvenes merecen más castigo, las fugas revelan otra pregunta de fondo: ¿quién se hace realmente responsable de su seguridad y de sus derechos? La respuesta, al igual que los jóvenes, se sigue escapando por los techos y muros
¿Qué revelan estas fugas sobre el SRPA?
El SRPA es un sistema atrapado entre dos identidades que chocan. Por un lado, fue diseñado como un modelo pedagógico y restaurativo, operado por entidades contratadas para educar, rehabilitar y acompañar a los jóvenes. Por otro lado, la realidad diaria exige controles propios de un establecimiento carcelario, con muros reforzados, vigilancia permanente, protocolos de riesgo y capacidad para contener motines.
Entonces, cuando ocurren motines o intentos masivos de fuga, el operador dice que no está entrenado para funciones de seguridad, la Policía llega tarde o interviene de manera reactiva, el ICBF insiste en la naturaleza restaurativa del sistema.
Y, entre tanto, los centros permanecen en estructuras inadecuadas, con hacinamiento, consumo de sustancias, presencia de mayores de edad y tensiones internas.
Las fugas muestran la incapacidad del Estado para equilibrar seguridad con enfoque restaurativo y la ausencia de claridad sobre quién responde ante el riesgo que corren los jóvenes y el que ocasionan al fugarse.
¿Qué tiene que ver y por qué importa la presencia de adultos en los centros del SRPA?
La Personería de Cali ha documentado en distintos comunicados que el Buen Pastor alberga tanto menores como adultos jóvenes sancionados, lo que desvirtúa, en palabras de sus funcionarios, la idea de un sistema “exclusivo” para adolescentes.
Lo que sucede, es que cuando un joven comete un delito siendo menor de edad, cumple su sanción dentro del SRPA, si mientras está detenido cumple la mayoría de edad, no pasa al sistema penitenciario convencional, sino que la termina en un CAE o centro de reclusión.
Claudia, directora del CAE en Neiva, advierte de un problema estructural: “Muchos se evaden siendo menores, pero regresan ya con 18 años, incluso con nuevos delitos y con paso por la cárcel, y aún así deben volver al sistema a terminar su sanción pedagógica”.
Cuando en los centros conviven jóvenes de 14 o 15 años con adultos de 18, 19 o incluso más, se reproduce una dinámica de poder que el SRPA intenta evitar. Los mayores pueden presionar a los menores para participar en riñas, motines o tentativas de fuga, y reintroducen códigos carcelarios como el uso de “canas” (líderes internos), el cobro de favores y el manejo ilegal de celulares, armas blancas o sustancias.
Además, los programas restaurativos están pensados para adolescentes en proceso de formación, no para adultos que, con frecuencia, arrastran trayectorias delictivas más largas o mayor exposición a economías ilegales.
Una tensión que repercute en la seguridad de los CAE y favorece la organización de fugas masivas. Fugas de las que nadie quiere hacerse responsable.
