Por: Radio Trompo
En Colombia, hablar del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es hablar también, inevitablemente, de la presencia constante de iglesias, pastores, catequistas y operadores profundamente religiosos que acompañan el proceso de resocialización.
Esa presencia no es nueva. Durante décadas, la intervención con jóvenes en conflicto con la ley estuvo atravesada por prácticas de corte espiritual, sesiones de oración, círculos bíblicos y actividades inspiradas en la idea de “rescatar el alma” antes que reconstruir un proyecto de vida.
Aunque el enfoque jurídico y pedagógico del SRPA debería basarse en los principios de la Ley 1098 de 2006 y en estándares de justicia restaurativa, en muchos territorios la religión sigue ocupando espacios que en otros países han cedido a la psicología, la pedagogía, la atención clínica y los programas basados en evidencia.
Entre 2016 y 2018, el ICBF contrató 11.429 cupos para el SRPA. De ellos, 4.960 (43 %) fueron asignados a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas, según el análisis de contratos realizado por Manuel Alejandro Torres en su tesis de maestría. Los 6.469 cupos restantes (57 %) se otorgaron a ONG, fundaciones y otras entidades de la sociedad civil sin filiación religiosa.
El debate no es sencillo. Para algunos adolescentes, la espiritualidad ofrece contención emocional, compañía y un lenguaje para nombrar experiencias difíciles. Pero para la justicia restaurativa —esa que en teoría debería reparar daños, reconstruir vínculos, abrir posibilidades y no reproducir castigos—, la mezcla entre fe y sanción plantea preguntas complejas. ¿Puede una intervención religiosa sustituir un acompañamiento psicosocial especializado? ¿Hasta qué punto influye la fe de un operador en la forma como atiende, orienta o sanciona a un joven? ¿Y qué riesgos trae esto para adolescentes que no comparten esas creencias o que necesitan otro tipo de apoyo?
La cuentas no cuadran
Las cifras muestran que el SRPA no está logrando los resultados que promete. Según evaluaciones del propio ICBF, la tasa de reincidencia en el sistema es del 19 %. En el mundo de los adultos, donde manda el castigo y no la restauración, la reincidencia es del 23 %. La diferencia es mínima, casi simbólica.
Ese dato abre una duda incómoda: si el SRPA se presenta como un modelo más humano y transformador, ¿por qué sus resultados se parecen tanto a los de un sistema abiertamente punitivo? ¿La justicia restaurativa no está funcionando? ¿O es que, en la práctica, nunca se ha aplicado de forma rigurosa y profesional, porque gran parte de la intervención se delegó en enfoques religiosos que no sustituyen procesos psicológicos y pedagógicos reales?
A diciembre de 2019, el entonces subdirector de Responsabilidad Penal Adolescente del ICBF confirmó que “cerca del 43 % de la contratación de cupos en las modalidades del SRPA se efectuó con organizaciones con vocación católica o religiosa”, es decir, el patrón de los hallazgos de se mantuvo en el tiempo. Aunque no se conocen los porcentajes al día de hoy, las cifras insinúan que podrían ser similares.
El 56,6 % de los cupos hasta 2018 lo tenían los Religiosos Terciarios Capuchinos, con aproximadamente 2.800 cupos. La Fundación Hogares Claret, por su parte, estaba a cargo del 36,4 % (1.807 cupos). Y ambas instituciones siguen a cargo de varios centros del SRPA en la actualidad.
Ahora, aunque las cifras demuestran que muchos operadores del SRPA son personas u organizaciones de fe, eso no es un problema en sí mismo. La espiritualidad personal no hace daño. El problema aparece cuando la intervención institucional depende más de creencias que de metodologías.
«Salvar las almas»
En algunos centros, las actividades espirituales ocupan el lugar que deberían tener talleres de regulación emocional, sesiones de psicoterapia, orientación vocacional o trabajo restaurativo con víctimas y comunidades. La justicia restaurativa exige reconocimiento del daño, diálogo, escucha, reparación y acompañamiento profundo. Nada de eso puede basarse únicamente en “cambiar el corazón”, “aceptar a Dios” o “arrepentirse sinceramente”. La transformación no es una conversión espiritual; es un proceso guiado, técnico y sostenido.
“Lo que realmente me motivó, aparte de mi familia fue Dios. Él tenía un propósito para mí y eso me ha hecho modificar ciertas conductas y también me he enfocado en mí, en mejorar cada día. Eso es lo que me ha llevado hoy en día a hacer un proceso restaurativo”, dice Victor un joven de 21 años que ya lleva cinco de sanción y ha hecho prácticas restaurativas con su familia, guiado por el equipo psicosocial y espiritual del CAE Picachos, en Neiva.
En su investigación, Manuel Alejandro Torres identifica unos principios retomados por las instituciones de procedencia religiosa presentes en el sistema de responsabilidad penal adolescente colombiano cuya intención es “salvar las almas”.
Una de las prácticas más comunes es la del fortalecimiento de la espiritualidad. “La espiritualidad se erige como una de las marcas de identidad del enfoque pedagógico-religioso, agrupando las prácticas propias de los operadores vinculados con congregaciones, así como conecta lo sagrado con lo terrenal y genera un sentido de trascendencia en los adolescentes”, concluye Torres después de analizar la manera en que agrupaciones y congregaciones religiosas intervienen en la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, entre 2009 y 2020.
En la práctica, esta presencia religiosa puede reforzar marcos morales rígidos. Muchos jóvenes cuentan que sienten que se les enseña a “portarse bien”, pero no a comprender por qué reaccionan como reaccionan, ni a manejar la rabia, ni a enfrentar el duelo, ni a reconocer su historia de trauma.
El lenguaje religioso tiende a centrar el cambio en la voluntad individual y no en las condiciones que rodean al joven: la violencia cotidiana, los conflictos familiares, la pobreza, el reclutamiento o las fronteras invisibles del barrio. La justicia restaurativa, en cambio, debería partir de ese contexto, no abstraerse de él.
“Yo pienso que la parte restaurativa lo es todo en cuestión de Dios. Para mí, son dos piezas que se encajan perfecto. Porque realmente he evidenciado que Dios está en la vida de muchos jóvenes que han pasado por acá. Ha servido para tomar decisiones para levantarse. Ha servido para que perdone, para que deje el pasado”, dijo Miguel Montenegro un líder espiritual que estuvo a cargo de las prácticas restaurativas en el CAE Picachos, en Neiva.
También existe el riesgo de una justicia moralizadora. Cuando los operadores entienden el delito como “pecado”, el proceso se vuelve paternalista. El joven aparece como alguien “desviado” que necesita disciplina espiritual, obediencia y sumisión, en vez de un sujeto con derechos que necesita reconstruir vínculos, fortalecer habilidades y comprender el impacto de sus actos. La moral religiosa puede terminar desplazando la lógica restaurativa, que es más compleja, más lenta y más exigente para todos los involucrados.
Esto no quiere decir que la espiritualidad no tenga un lugar posible. Muchos jóvenes del SRPA encuentran en la fe un espacio de contención emocional que el Estado no les ofrece. Pero la fe personal debe ser eso: personal. No puede convertirse en la columna vertebral de un sistema que tiene obligaciones jurídicas, psicológicas y pedagógicas muy específicas.
¿Dónde queda la justicia restaurativa?
El abogado Arturo Suárez Acero resalta que la espiritualidad puede tener una dimensión en el desarrollo de todo ser humano, “lo que no puede suceder es que en el marco de una situación que tiene como hecho generador la comisión de un daño derivado de un delito, simplemente un ejercicio circunscrito únicamente a la dimensión de la espiritualidad y la fe, sea el mecanismo con el que tú ante el Estado y la sociedad ya purgas las consecuencias de tus actos”.
Para Suárez, quien es experto en Análisis de políticas públicas de Acceso a la Justicia, Justicia Comunitaria, Restaurativa, en Equidad y Construcción de Paz, los verdaderos programas de justicia restaurativa son los que combinan modelos de intervención psicosocial, de intervención sociojurídica y que articulan modelos de intervención psicopedagógico.
“Cuando eso no se trabaja, pues no hablamos realmente de un modelo de intervención con enfoque restaurativo, podemos hablar de otra cosa, pero esa otra tipo de intervención más espiritual y más desde el ejercicio de lo pastoral, pues no garantiza resultados restaurativos”, dice Suárez.
El punto de fondo es otro: si la justicia restaurativa no está funcionando en el SRPA, no es porque sea un enfoque débil. Es porque nunca se ha implementado con el rigor que requiere. La restauración implica trabajo clínico con trauma, pedagogías de reparación, mediación con víctimas, procesos comunitarios, habilidades socioemocionales y acompañamiento especializado. Cuando estos elementos son reemplazados por actividades religiosas, no se está restaurando nada. Se está moralizando el problema y dejando intactas las causas estructurales.
En un país donde el Estado llega tarde —o no llega—, la iglesia suele ocupar los vacíos. Pero la justicia restaurativa no puede ser un vacío. Es una obligación. Y si Colombia quiere que el SRPA funcione de verdad, necesita operadores formados en psicología, pedagogía, resolución de conflictos, mediación y trauma. La fe puede acompañar, pero no puede dirigir. No puede sustituir la técnica, ni la evidencia, ni la responsabilidad institucional.
La pregunta, entonces, no es si la religión debe desaparecer del SRPA. La pregunta es si debe seguir siendo uno de sus pilares cuando los datos muestran que el sistema no está logrando lo que promete. La justicia restaurativa no es rezar para que algo cambie; es trabajar para que algo cambie. Y ese trabajo exige herramientas que ninguna doctrina religiosa, por valiosa que sea para algunas personas, puede reemplazar.
