Voces olvidadas | Lo que el país no ve: suicidio y silencio dentro del SRPA

Ilustración: Isabella Meza Viana

Por: Radio Trompo

Advertencia: este contenido menciona temas relacionados con el suicidio.

Después de pasar todo el día deprimido dentro de un centro de atención especializada (CAE) para menores privados de la libertad, Miguel soño con su mamá y su hermano. Al otro día, dos pensamientos se apoderaron de su mente: hacerse cutting o suicidarse.  

Al mediodía, vio que todos sus compañeros estaban entretenidos en una ventana y decidió que era el momento. Tomó una sábana, la amarró y se colgó de ella. “Cuando reaccioné, estaba afuera en la pieza. Se me había ido la conciencia”, recuerda Miguel.

Lamentablemente, la historia de Miguel, joven que hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que se intentó quitar la vida este año, no es la única que ha ocurrido dentro del sistema. En el último año, Radio Trompo ha registrado al menos ocho intentos de suicidio en los CAE. Y aunque no hay registros nacionales públicos que permitan conocer las cifras de esta problemática, cada tanto sale a la luz un caso.

En mayo de 2021, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicó un breve comunicado sobre la muerte de una adolescente en Popayán mientras cumplía una medida de privación de su libertad.  

El texto señalaba que la joven “aparentemente se suicidó” y anunciaba acompañamiento psicosocial para su familia. No incluía declaraciones de la madre ni explicaciones sobre lo ocurrido dentro de la unidad. Tampoco detallaba si había existido un riesgo previo o si el centro había activado algún protocolo de prevención. Más de dos años después, la información disponible públicamente sobre ese caso no va más allá de ese comunicado. La voz de la familia no aparece en ningún documento oficial accesible.

Ese silencio refleja un vacío más amplio. Aunque el Estado colombiano reconoce de forma explícita que los adolescentes privados de libertad enfrentan un riesgo elevado de ideación y conducta suicida, casi no existen datos públicos sobre la salud mental de los jóvenes dentro del SRPA. 

El Ministerio de Salud ha advertido que la privación de la libertad, la ruptura de vínculos familiares y la incertidumbre frente al proceso judicial incrementan los conflictos emocionales y psicológicos.  En sus orientaciones nacionales para la prevención de la conducta suicida, la entidad identifica a los adolescentes en el SRPA como una población particularmente vulnerable y pide una detección temprana de señales de desespero, autolesión e ideación suicida.

El ICBF, responsable de la operación de los centros donde los jóvenes cumplen sus sanciones, también reconoce el riesgo. Su lineamiento para las medidas y sanciones del SRPA incorpora una guía de entrevista específica para valorar ideación suicida y advierte a los operadores sobre la necesidad de prestar atención a sentimientos de desesperanza, desamparo o falta de perspectiva, considerados factores de alto riesgo. 

Y aunque la norma lo dice, no siempre es así.

Antes de intentar suicidarse, Miguel se acercó a una enfermera. “Le expliqué. No pasó nada. Le dije que por favor me remitieran al hospital. Tampoco. Yo dije: ‘no, pues, nadie me quiere ayudar. Aquí fue”, cuenta.

La guía G17, dirigida a instituciones que albergan a niños, niñas y adolescentes bajo medidas del Estado, describe el suicidio como un problema de salud pública grave y en aumento durante la adolescencia.

Sin embargo, el país no cuenta con estadísticas oficiales que indiquen cuántos adolescentes han muerto por suicidio dentro del SRPA. No existe información consolidada sobre los casos, las circunstancias en las que ocurrieron ni las investigaciones posteriores. 

En uno de los pocos intentos de monitoreo disponibles, la Procuraduría General de la Nación evaluó la garantía de derechos de adolescentes privados de libertad y encontró que un porcentaje de los jóvenes reportaba conducta suicida. El informe no especificó cuántos de esos casos llegaron a convertirse en intentos ni cuántos resultaron en muertes, y tampoco derivó en una base de datos pública que permita hacer seguimiento.

Investigaciones académicas sobre salud mental en adolescentes vinculados al SRPA describen un contexto complejo de trastornos depresivos, ansiedad, consumo problemático de sustancias y antecedentes de trauma. 

Es el caso de Nicolás, joven transexual que se encuentra recluido en el CAE femenino La Esmeralda, en Bogotá. Él creció marcado por el abandono y pasó por múltiples abusos en su infancia. Para escapar del dolor comenzó a consumir cigarrillo, marihuana y a vincularse con adultos y entornos de riesgo. Con múltiples intentos de suicidio, hospitalizaciones, autolesiones frecuentes y relaciones cargadas de manipulación, violencia y abuso, su adolescencia estuvo marcada por un ciclo constante de trauma no resuelto.

Hoy, dentro del SRPA, continúa cortandose, lo hace como una forma de regresar a una realidad que sentía lejana. “Al principio era por el dolor, era volver a sentirme humano, volver a creer que todo eso que estaba viviendo era por algo”, aunque a veces es porque “simplemente me sentía mal, llegaron otra vez recuerdos malos a mi cabeza”. 

Y aunque muchos de los jóvenes del sistema han pasado por situaciones de este tipo. Las investigaciones señalan que la atención psicosocial en estas unidades suele ser insuficiente, con equipos reducidos y una alta rotación del personal, lo que dificulta la continuidad en los procesos terapéuticos. 

Nicolás, está de acuerdo con esta afirmación. Para él, la atención psicológica dentro del CAE es insuficiente y distante. “Acá, si uno no se le acerca a la psicóloga, no lo atienden”, afirma. Siente que muchas veces no lo escuchan y que sus comportamientos son interpretados sin contexto: “Hago algo y ya dicen que es por una pelada. No me dejan explicar el por qué”. 

También cuestiona la repetición de métodos y la falta de un acompañamiento real. “He visto tantos psicólogos en dos años y todos dicen lo mismo: respira, haz yoga, come chocolate… pero ninguno logra tocar lo que yo siento”. Incluso describe episodios en los que sintió que lo atendían solo por requisito. Lo que él quisiera, es “Que no me traten como un niño de cinco años. Que me den opciones que sirvan, no amenazas”.

Aunque aquí podemos leer el testimonio de Miguel y Nicolás, los estudios disponibles se concentran en las condiciones estructurales del sistema y no recopilan con detalle testimonios de familias afectadas por suicidios o intentos dentro de los centros.

Lo que existe, entonces, es una paradoja: la presencia del riesgo está reconocida en normas, lineamientos y políticas públicas; el suicidio adolescente es un problema de salud pública ampliamente documentado en el país; y los centros del SRPA alojan a jóvenes con altos niveles de sufrimiento psicológico. Pero la información concreta sobre muertes por suicidio dentro del sistema es prácticamente inexistente. El caso de Popayán demuestra que, incluso cuando una muerte sale a la luz, lo hace a través de comunicados institucionales que no revelan la perspectiva de quienes más necesitan respuestas: las familias.

Después de su intento de suicidió, Miguel se sintió arrepentido por esa razón. “Fue más como un impulso. Como decir, ‘no, ya que a nadie le importa, prefiero hacerlo y parar el sufrimiento’. Pero mentira que antes le doy un sufrimiento más grande a mi familia”, explica. 

La ausencia de datos y testimonios deja preguntas sin resolver. ¿Está el SRPA aplicando de manera consistente los protocolos de prevención? ¿Los equipos psicosociales cuentan con la capacidad real para atender crisis emocionales severas? ¿Qué ocurre después de que se confirma una muerte? ¿Hay investigaciones internas, sanciones o cambios en los procedimientos? En el estado actual de la información pública, ninguna de estas preguntas puede responderse con certeza.

Colombia debate con frecuencia la necesidad de endurecer las sanciones contra jóvenes en conflicto con la ley. Mucho menos se discute si el Estado está cumpliendo su obligación básica de protegerlos mientras están bajo su custodia. 

Hasta ahora, el seguimiento sobre suicidios en el SRPA sigue siendo un punto ciego. Y mientras ese vacío persista, el país no podrá evaluar con rigor si las instituciones a cargo de los adolescentes más vulnerables están garantizando lo más elemental: su vida y su bienestar emocional.

Mientras tanto los jóvenes dentro del SRPA siguen, en silencio, autolesionándose, pensando en suicidarse y decidiendose a intentarlo dentro de un sistema que prometió ofrecerles acompañamiento y un futuro mejor.