Por Leidy Restrepo
“Quiero saber hoy, de sus propias manos, que reconozcan que me secuestraron, que secuestraron a mi primo y que secuestraron a mi hermano. Y, si ellos están con vida o si están muertos, que me lo digan hoy de frente, mirándome a los ojos…”, dice Augusto Hinojosa, víctima de secuestro por parte de las Farc-EP.
Augusto se dirige a los exmiembros del secretariado de esa guerrilla, en medio de la Audiencia Pública de Verificación, la última antes de que la JEP dictara su sentencia sobre el macrocaso 01, que investiga el secuestro o toma de rehenes, las graves privaciones de la libertad y otros crímenes relacionados cometidos por las Farc-EP.
Esta sentencia, la primera emitida por la JEP, se dió a conocer este 16 de septiembre, mediante un anuncio histórico para la paz y la reparación en el país. Mediante ella se imputó a siete exlíderes de las FARC-EP por su responsabilidad en miles de secuestros. Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton Toncel, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Jaime Parra y Rodrigo Granda deberán cumplir 8 años de Sanción Propia, la pena máxima en esa modalidad, a la que los máximos responsables pueden acceder gracias a su compromiso con la reparación y la verdad.
Aunque no implica cárcel, esta sanción incluye restricciones de movilidad y residencia, y exige que los excomandantes realicen proyectos restaurativos como búsqueda de desaparecidos, actos de memoria simbólica, desminado humanitario y acciones ambientales. Además, la JEP aplicará un control mixto con visitas presenciales, monitoreo de la ONU y dispositivos de geolocalización para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
¿Pero qué es la JEP? Y, ¿qué es un macrocaso?
La JEP, o Jurisdicción Especial para la Paz, es el sistema de justicia creado como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. Su función principal es administrar justicia transicional, es decir, investigar y sancionar los delitos cometidos por la guerrilla o por el Estado durante el conflicto armado, antes de la firma del acuerdo. Lo que busca es saldar las deudas con los derechos de las víctimas, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.
Como la JEP no puede ocuparse de cada delito ni de cada víctima por separado —porque son miles—, se enfoca en los más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección (cuáles sí y cuáles no) y priorización (cuáles son los más importantes) definidos por sus magistrados.
Estos delitos más representativos y graves reciben el nombre de macrocasos y se clasifican según el crimen del que se trata, la zona en que fueron cometidos y/o el actor armado que los cometió.
Por ejemplo, el macrocaso 01 investiga los secuestros cometidos por la guerrilla; el 03 los asesinatos extrajudiciales, también llamados falsos positivos, cometidos por la fuerza publica.
El primer macrocaso, el 01
“Escuchando los relatos, sentía asco de las mismas acciones que hicimos a nombre de las FARC-EP y a nombre de las ideas revolucionarias”, dice en la audiencia Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’ y ex comandante de las Farc-EP frente a los testimonios de las víctimas de secuestro.
El secuestro y otros crímenes de cautiverio fueron cometidos por las Farc-EP como una práctica de guerra. Por eso, la JEP abrió este macrocaso el 4 de julio de 2018 y fue el primero de 11.
Según la JEP, la guerrilla cometía estos crímenes de guerra y de lesa humanidad principalmente por tres razones: como forma de financiación, para controlar el territorio y para ejercer presión política y militar, reteniendo miembros de la Fuerza Pública y figuras políticas con el fin de intercambiarlos por guerrilleros presos.
Tras la apertura del caso, hace siete años, más de 402 comparecientes han entregado sus versiones. En 2021, la Sala de Reconocimiento de la Verdad imputó a siete integrantes del secretariado como máximos responsables, es decir, quienes ordenaron el secuestro de civiles y miembros de la Fuerza Pública, y fueron responsables por no controlar el trato dado a los secuestrados (tortura, esclavitud, violencia sexual, homicidio, desaparición). Crímenes que, en 2022, los exjefes de la guerrilla aceptaron.
Durante dos años se escuchó a casi 800 de las 4.251 víctimas acreditadas en este macrocaso. Sin embargo, las cifras totales superan las 21.000 víctimas directas e indirectas de secuestro y otros crímenes relacionados. Además, las víctimas y sus representantes entregaron más de 1.200 escritos en los que plantearon sus casos, expectativas y peticiones, e hicieron preguntas como: “¿Qué pasó con mi papá?” o “¿Dónde está mi hermana?”.
Dayibeth Jurado, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones que representan a las víctimas de este y otros macrocasos, recuerda que este ha sido un camino largo en la búsqueda de la verdad, el reconocimiento, la reparación y la paz.
“Este fue el primero; con este aprendimos y, creo que por eso, se ha tardado tanto. ¿No? Porque todo han sido luchas: luchas internas y luchas procesales, para garantizar esa centralidad de las víctimas dentro de la jurisdicción”, dice Dayibeth.
“Algunas víctimas han encontrado verdad, reconocimiento y reparación en lo que buscaron ante la jurisdicción. Para ellas ha sido un proceso gratificante: pudieron relatar sus hechos, fueron escuchadas y sienten que se dio un gran paso que no lograron en la justicia ordinaria. Pero existe otro gran grupo de víctimas que no ha llegado a ese punto, lo cual depende, por ejemplo, de la situación o del hecho específico que vivieron”, explica Jurado.
Entre los grupos de víctimas que no sienten haber recibido verdad, reconocimiento o reparación en este proceso están los familiares de personas desaparecidas que aún no saben dónde están sus seres queridos, las víctimas de violencia sexual que no ha sido reconocida por los responsables y los secuestrados que pertenecían a la Fuerza Pública.
“Yo le estoy clamando con mi voz de padre: deme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo, porque… ¡ay! Es una ley natural que sean los hijos quienes entierren a sus padres, y no nosotros, no nosotros”, dice Vladimiro Bayona, cuyos hijos fueron víctimas de secuestro y de quienes todavía desconoce su paradero.
Y es que, en casos como el de Vladimiro, donde los altos mandos pueden alegar que desconocen hechos puntuales o no los recuerdan, es necesario tener presente que la reparación será colectiva y no individual. Mientras tanto, la única esperanza está en las investigaciones regionales, que indagan a cada una de las siete estructuras que conformaban la guerrilla.
Investigaciones regionales
Por medio de estas investigaciones regionales, la JEP ya ha imputado a más de 41 comparecientes, mandos medios que fueron determinantes en la ejecución de estos crímenes en distintas partes del país.
“Si hay la posibilidad, en las reuniones de mandos medios, de conseguir información para poder darles una cristiana sepultura… Porque mi papá falleció hace aproximadamente dos años esperando esa oportunidad”, dice Vladimiro.
Él representa a muchas víctimas que, según Dayibeth, continúan esperando un esclarecimiento de su caso particular, que no ha llegado con la investigación nacional y que podría llegar con las investigaciones regionales… o no. Es importante recordar que lo que busca la JEP es la reparación colectiva de las víctimas (macrocasos) y no individual, es decir, caso por caso.
¿Qué aporta esto a la reconciliación?
La justicia transicional pone reglas para salir de la guerra con verdad, justicia y reparación. ¿Cómo ayuda a la reconciliación? Primero, establece la verdad de lo que pasó y reconoce a los responsables con sanciones claras (como en el caso de esta sentencia, pueden ser hasta ocho años de prisión para crímenes graves, o medidas restaurativas con restricción real de la libertad cuando hay reconocimiento temprano). Segundo, repara el daño con acciones en el territorio: búsqueda de desaparecidos, retiro de minas, memoriales y proyectos comunitarios, recuperación ambiental. Tercero, fija garantías de no repetición (cambios en prácticas e instituciones). Todo esto dignifica a las víctimas, disminuye el odio y reconstruye confianza entre personas e instituciones: ese es el corazón de la reconciliación.
¿Y cómo la reconciliación empuja la paz? Cuando hay verdad reconocida, responsabilidades asumidas y reparación visible, disminuye el deseo de venganza, aumenta la cooperación y se vuelve más seguro estudiar, trabajar y participar sin miedo. La reconciliación convierte la paz en algo estable y cotidiano —no solo ausencia de balas, sino convivencia con derechos, reglas claras y respeto. En corto: sin justicia transicional no hay base para reconciliar; sin reconciliación, la paz no dura.
Por eso esta sentencia se convierte en un hecho histórico para la reconciliación y la no repetición de la guerra en el país. Además, los anuncios e imposiciones de la JEP respecto a los otros macrocasos van a empezar a anunciarse cada vez más. Por ahora, podemos estar pendientes de que este jueves se anuncie su decisión frente a las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) cometidos por 12 miembros del ejército en el César.
Estos son los 11 macrocasos abiertos por la JEP:
Caso 01: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP.
Caso 02: Violaciones a los derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño).
Caso 03: Asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (falsos positivos).
Caso 04: Situación territorial en la región de Urabá.
Caso 05: Situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.
Caso 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica.
Caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Caso 08: Crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares.
Caso 09: Crímenes contra pueblos y territorios étnicos.
Caso 10: Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado.
Caso 11: Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, reproductiva y otros crímenes cometidos por orientación, identidad o expresión de género diversa.
