Por Santiago Urrego
El 26 de octubre de 2025 se anunció originalmente como una jornada crucial para el Pacto Histórico ya que se definiría la fecha de las votaciones para fijar candidatos de este sector a la presidencia, al Senado y a la Cámara en el territorio colombiano. La coalición de gobierno buscaba replicar el éxito de la movilización del 2022 que tuvo sus orígenes en el estallido social del 2021, pero en cambio, pasará a la historia como una fecha llena de confusión y división para el electorado.
Lo que se diseñó como un ejercicio de democracia de base se transformó en una crisis jurídica de alto voltaje. La controversia institucional y el riesgo inminente de inhabilitación forzaron al Pacto Histórico a ejecutar una retirada estratégica: se desistió de la votación popular presidencial, dejando el proceso legislativo en pie. Esta maniobra expuso las fisuras entre la ambición política de la coalición y la estricta letra de la ley electoral colombiana.
¿Por qué importa? La Crisis de la Unidad Progresista
La implosión de la consulta presidencial es mucho más que un tropiezo logístico; representa una amenaza directa a la estrategia unificada del progresismo de cara a las elecciones de 2026.
La controversia se centró en la distinción crucial entre una consulta partidista (interna de un solo partido) y una interpartidista (de varios partidos). El Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a reconocer la plena personería jurídica del Pacto Histórico como un partido singular, forzando la clasificación del proceso como interpartidista, dado que los candidatos fueron inscritos por los partidos individuales que lo componen, como el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Sin embargo, el 22 de octubre se conoció que los candidatos restantes van a competir por el aval del Polo Democrático, ya que los partidos que quedaban se retiraron de la contienda.
Esta clasificación creó una trampa legal: si el ganador de la consulta de octubre era catalogado como proveniente de una consulta interpartidista, quedaría inhabilitado para participar en el segundo y vital filtro, la consulta del Frente Amplio, programada para marzo de 2026.
Ante la falta de certezas jurídicas, el Pacto Histórico decidió abortar la elección popular presidencial, optando por qué su candidato fuera definido por el Comité Político, la mesa directiva del Pacto Histórico. Esta decisión, si bien protegió al futuro candidato de la inhabilidad, sacrificó la legitimidad popular de escoger democráticamente su candidato y la capacidad de movilización que caracterizó el Pacto en 2022.
Además, una molestia se extiende por el aire de la consulta: la Registraduría no pudo reimprimir los 39 millones de tarjetones ya dispuestos, por lo que los votantes del 26 de octubre verán rostros de candidatos que ya no están en contienda.
¿Quiénes eran los candidatos de la consulta?
Tres nombres se inscribieron inicialmente para la contienda presidencial, representando diferentes facetas del movimiento del cambio:
Iván Cepeda Castro
“El defensor de la paz”.
El senador Iván Cepeda (Polo Democrático Alternativo) es el representante de la izquierda ideológica y la trayectoria histórica. Su carrera se ha centrado en la defensa de los derechos humanos y la facilitación de procesos de paz, siendo un actor clave en los diálogos con las FARC-EP y el ELN.
Investigaciones: Cepeda ha denunciado que la oposición ha intentado vincularlo falsamente con el narcotráfico. Además, es parte civil en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha calificado la intervención de la Procuraduría en ese caso como una «vergonzosa».
Propuesta: Desde su precandidatura, exigió garantías para los ciudadanos y denunció un «sabotaje institucional» contra el proceso de consulta, buscando preservar el derecho a elegir del electorado, de tendencia pacifista con enfoque de derechos humanos y fortalecimiento del diálogo ciudadano para lograr la continuidad del acuerdo Nacional del presidente Gustavo Petro.
Carolina Corcho Mejía
“La reformadora del sistema”.
Carolina Corcho, médica psiquiatra y exministra de Salud, se presentó con el objetivo de ser la «primera presidenta de Colombia» y de «profundizar el cambio» iniciado por Gustavo Petro. Su plataforma se enfoca en la continuidad y consolidación de las reformas sociales, tras liderar la controvertida propuesta de reforma sanitaria que buscaba limitar el poder de las EPS.
Investigaciones: En octubre de 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra (junto a su sucesor, el actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo) por presunta omisión en la escasez de medicamentos en el territorio nacional.
Propuesta: Según la Silla Vacía Corcho sostiene que su aspiración es un «mandato de la gente que votó por un cambio en 2022» y busca garantizar derechos y reducir las brechas sociales, retomando las reformas sociales estancadas. Juiciosamente inició campaña hace un año en todo el territorio nacional y ha logrado consolidar las bases de la izquierda con enfoque feminista.
Daniel Quintero Calle
“El outsider retirado”.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuyo estilo político ha sido descrito como «camaleónico», fue una figura de discordia desde su llegada a la consulta, impulsado por el propio presidente Petro. Quintero anunció su retirada, lo que significó un rechazo por parte de Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes no compartieron su decisión y continuarán hasta el 26 de Octubre, pero su caso sigue siendo una carga legal para la coalición.
Investigaciones: La Procuraduría le formuló cargos por presunta participación indebida en política, específicamente por haber apoyado la campaña «Petro Presidente» desde su cargo como Alcalde de Medellín. Además, a pesar de su retiro, expertos de la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que Quintero podría quedar legalmente inhabilitado para postularse por cualquier otra organización política, incluido el Frente Amplio de marzo de 2026, por el simple hecho de haberse inscrito.
Propuesta: A pesar de su riesgo legal, Quintero continúa en campaña, asegurando que se presentará en la consulta de marzo, con propuestas disruptivas como «cerrar el Congreso corrupto y sinvergüenza» y llamar a una Constituyente.
El costo político de la improvisación
La consulta del 26 de octubre de 2025 será recordada no por sus resultados, sino por el caos que la rodeó.
Este episodio evidencia que el Pacto Histórico, aunque consolidado en el poder, aún carece de la solidez institucional para sortear el complejo marco normativo electoral. El movimiento optó por la supervivencia legal, sacrificando un valioso espacio de legitimación popular ligado a ciertos candidatos que ya renunciaron.
El camino hacia 2026, ahora guiado por una selección interna, estará marcado por la necesidad de asegurar la unidad y, más importante, de resolver las ambigüedades jurídicas que, como la espada de Damocles de la inhabilitación, siguen amenazando a sus figuras más visibles.
Después del 26 de octubre, el ganador de la contienda electoral irá como líder único del Pacto Histórico a la consulta del Frente Amplio en marzo del 2026, y de ahí, saldrá el candidato presidencial del actual gobierno nacional.
