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Reclutamiento forzado: persiste en Colombia, pero también las voces que lo enfrentan

Ilustración: Isabella Meza Viana

Por: Alejandro Valencia

El reclutamiento de menores de edad es otra de las grandes heridas que tiene Colombia. Según cifras de la Comisión de la Verdad entre 1985 y 2019, 16.238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados. Pero debido al subregistro por las pocas denuncias o porque se confundía con desaparición o secuestro, las estimaciones para la Comisión indican que la cifra puede rondar entre los 27.101 y 40.828.

Ahora, según datos de la UNICEF y la Embajada de Canadá, el reclutamiento de menores de edad ha aumentado un 300% en los últimos cinco años. De acuerdo con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados entre 2019 y 2024, más de 1200 niños, niñas y adolescentes fueron alejados de sus familias, de sus colegios y comunidades para ser utilizados en la guerra.

Esta es una práctica que persiste a pesar de los esfuerzos institucionales y civiles para prevenirlo. Y que ha tenido una transformación en los últimos años ya que los grupos armados usan plataformas como TikTok para engrosar sus filas prometiendo dinero y armas.

Pero esta es una tarea conjunta, en la que tiene que participar toda la sociedad para prevenir no solo que la violencia siga creciendo, sino también las huellas en el cuerpo y las marcas psicológicas de la violencia en aquellos que tienen que crecer a la fuerza para cargar un arma, cuando deberían estar viviendo la niñez o la adolescencia.

El último informe de la Defensoría del Pueblo con fecha del 17 de septiembre revela que entre enero y agosto de 2025 se documentaron 88 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el país.

El 60,2% de ellos eran niños y adolescentes, y el 39,8% eran niñas o adolescentes. De ellos y ellas, el 56,9% de los casos ocurre entre población indígena y el 4,5% son afrocolombianos. Así, la población indígena sigue siendo la más golpeada por el reclutamiento y pierde lazos comunitarios por cuenta de la violencia. Así se pone en riesgo la vida comunitaria, las tradiciones y los procesos sociales y organizativos de los pueblos.

El 38,6% de los menores de edad que fueron víctimas de reclutamiento no se identificaban con ningún grupo étnico.

Los principales actores o grupos armados que presuntamente habrían reclutado forzosamente a los menores de edad serían principalmente el Estado Mayor Central, con 39 casos; otras disidencias de las Farc sin especificar, con 19; y el ELN, con 11 casos.

El Cauca concentra la mayoría de los casos, 27 en total. Los departamentos de Antioquia, Huila y Chocó presentan 8 casos de reclutamiento forzado cada uno. El informe muestra lo compleja que es la situación en las zonas rurales y periféricas, donde hay mayor control social por parte de los actores armados.

En el año inmediatamente anterior, el 2024, la Defensoría del Pueblo documentó 606 casos, más de la mitad de ellos en Cauca, donde en total fueron 374. Este número es un grito urgente a reforzar la protección en el departamento y especialmente a cuidar más a los resguardos indígenas y consejos comunitarios.

Ahora las redes sociales son el nuevo vehículo por el cual los grupos armados reclutan a menores de edad. En estas, miembros de los grupos armados hacen contenido de apología a la guerra, donde normalizan la violencia y promueven la entrada al grupo en específico.

En plataformas como TikTok y Facebook, miembros de grupos armados interactúan con menores de edad, tanto en espacios públicos como en chats privados, contactos que en varios casos terminaron facilitando su reclutamiento o uso. A través de estos mensajes, les mencionan los supuestos beneficios de unirse a la organización y les comparten información sobre cómo sería su ingreso y la logística que implica. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado unas 48 cuentas que se dedican a reclutar menores de edad.

En estos casos, la prevención es clave, por eso, ante este escenario, la Gobernación de Antioquia puso en marcha la estrategia “Jóvenes Pa’ Lante”, una apuesta de prevención temprana que busca alejar a los jóvenes de la guerra antes de que sea demasiado tarde.

En estos casos, la prevención es clave. Por eso, ante este escenario, la Gobernación de Antioquia puso en marcha la estrategia “Jóvenes Pa’ Lante”, una apuesta de prevención temprana que busca alejar a los jóvenes de la guerra antes de que sea demasiado tarde.

El enfoque del programa es la prevención del delito, el consumo de sustancias y promover la salud mental. Hasta ahora el programa ha beneficiado a más de 3.000 jóvenes en 60 municipios del departamento a través de 120 gestores territoriales. 

Esta estrategia busca intervenir desde una temprana edad, los entornos en la vida de los adolescentes y jóvenes dándoles herramientas para evitar ser instrumentalizados por grupos armados y economías ilegales, por medio del  autoconocimiento, empatía, responsabilización, toma de decisiones, manejo emocional. 

Además, los jóvenes han accedido a más de 7 mil becas de estudio, lo que abre el panorama de posibilidades para ellos.

“Desde la ayuda psicológica he aprendido a tomar ciertas decisiones sin tanta presión. También he tenido mejores lazos entre mi familia y la sociedad. El programa me ha ayudado también a afrontar ciertos problemas con mayor calma, antes yo me precipitaba mucho, ya sé controlarlo más”, dice Juan Manuel Parias Pérez, un joven de Ituango de 16 años.

Por otro lado, las Naciones Unidas hacen unas recomendaciones generales que son un llamado a la acción tanto para el Estado como para la sociedad en general: 

  • Todas las instituciones del Estado deben cuidar mucho más los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo atención especial en quienes están en mayor riesgo.
  • Se deben tomar medidas reales para que los menores reclutados puedan salir de los grupos armados y volver a sus vidas de forma segura.
  • Es clave que las instituciones y los territorios trabajen juntas para proteger a la niñez en medio del conflicto.
  • Las plataformas digitales deben ser más responsables y detectar mejor cuándo sus servicios están siendo usados para reclutar o manipular a menores.