Por: Adrián Guzmán Barrios
La Universidad del Atlántico volvió a ser escenario de tensión entre la comunidad estudiantil y el poder político. Tras semanas de incertidumbre, el Consejo Superior designó a Leyton Barrios Torres como nuevo rector de la institución para el periodo 2025–2029, en una decisión que ha desatado protestas, tomas y un paro indefinido que mantiene paralizada la universidad.
¿Una elección ilegítima?
La designación de Barrios se produjo el lunes 27 de octubre, durante una accidentada sesión del Consejo Superior Universitario (CSU), marcada por denuncias de irregularidades y presuntos incumplimientos normativos.
El nombramiento fue respaldado por cinco consejeros:
- Eduardo Verano, gobernador del Atlántico
- Abraham González, representante de los egresados
- Angelly Díaz Cordero, representante de los estudiantes
- Miguel Caro, vicerrector y delegado de las directivas académicas
- Manuel Fernández Ariza, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Aunque el proceso se presentó como legítimo, su desenlace fue interpretado por gran parte de la comunidad universitaria como una imposición política. Barrios, apoyado por el clan Char (una de las familias más influyentes del Caribe colombiano), fue señalado por los estudiantes de representar los intereses de la clase dirigente y no los de la comunidad académica.
Se desata el estallido estudiantil
La reacción fue inmediata. Ocho de las diez facultades de la Universidad del Atlántico aprobaron en asamblea un paro indefinido y pidieron la renuncia del rector Leyton Barrios. Durante la sesión se presentaron explosiones dentro del campus y enfrentamientos entre estudiantes y personas que, al parecer, no pertenecían a la universidad.
En la tarde del jueves 30 de octubre una multitud se tomó la Vía al Mar, que conecta Barranquilla y Puerto Colombia, generando un bloqueo en forma de protesta:
“8 facultades están en paro, las otras 2 se declaran en asamblea. Hubo manifestaciones por la Vía al mar, había 3 tanquetas y aproximadamente 60 efectivos del ESMAD ahora llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO- […] arremetieron contra la universidad y el estudiantado se defendió […] vemos un uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerza pública” menciona un estudiante de la institución.
Los estudiantes también se tomaron las instalaciones de la rectoría y convocaron una movilización: Marcha de Antorchas, para el viernes 31 de octubre, como símbolo de resistencia ante lo que consideran una violación a la autonomía universitaria.
Entre la protesta y el poder
La crisis ha escalado más allá del campus. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, pidió respetar el derecho a la protesta pacífica y recordó que las universidades públicas son espacios autónomos donde debe primar el diálogo.
Por su parte, el gobernador Eduardo Verano hizo un llamado a la calma a través de su cuenta en X (antes Twitter). Aunque defendió la manifestación pacífica, rechazó los bloqueos y los actos de vandalismo que se registraron en la Vía al Mar, a la altura del colegio Berckley.
Universidad o botín político
Detrás del conflicto, muchos ven el reflejo de una disputa más profunda: el control político de la educación pública. Con un presupuesto superior a los 574 mil millones de pesos anuales, la rectoría de la Universidad del Atlántico se ha convertido en un espacio estratégico para el poder regional.
La elección de Barrios no solo reavivó el debate sobre la independencia universitaria, sino que también puso en evidencia la fractura entre una comunidad estudiantil que reclama autonomía y un poder político (liderado por los Char) que insiste en mantener su influencia.
