Por: Radio Trompo
Durante años, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ha sido señalado por fallas estructurales, condiciones indignas y prácticas que contradicen su propia razón de ser. Sin embargo, pocas generan tanta alarma como el uso del aislamiento —una medida expresamente prohibida por la normativa colombiana— y que, según jóvenes entrevistadas por Radio Trompo, continúa aplicándose como forma de castigo en distintos Centros de Atención Especializada (CAE).
En el CAE La Esmeralda, en Bogotá, varias adolescentes describieron haber sido encerradas en cuartos, solas y durante períodos prolongados. En al menos dos casos, afirmaron haber pasado hasta seis días completos sin contacto con otras personas, con salidas mínimas o nulas al patio y sin acceso adecuado a actividades educativas o psicosociales.
Las jóvenes lo llaman CEPI (Cuidados Especiales Intensivos), un nombre muy largo para una celda tan pequeña, oscura, fría, con una cama de cemento y donde el aislamiento es total y las comidas, si llegan, llegan tarde. Un nombre ”institucional” para un lugar prohibido por la ley.
En los también llamados ‘Cuartos de Reflexión’, “Uno siente que el tiempo no pasa. Que no existe nadie. Allá uno se desespera”, dijo una de las jóvenes entrevistadas, que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.
Aunque los centros niegan oficialmente que el aislamiento sea utilizado como sanción, los testimonios coinciden en describir cuartos pequeños, sin ventilación suficiente y con supervisión mínima. La Defensoría del Pueblo ya ha confirmado que esta no es una práctica aislada.
Una advertencia que lleva más de una década
En su más reciente informe, la Defensoría del Pueblo alertó que en el 12,5 % de los centros visitados, los propios jóvenes reconocen la existencia de cuartos de aislamiento, un hallazgo que repite patrones identificados desde hace más de diez años.
“Estas medidas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”, afirmó la entidad.
El informe también recuerda que dentro del SRPA solo existe un motivo legal para separar temporalmente a un adolescente del resto: la protección de sus derechos fundamentales, cuando exista un riesgo real para su vida o integridad. Y esa separación, subraya la entidad, debe darse “en sitios con condiciones de dignidad”, no como castigo ni como instrumento disciplinario.
Pero, nada de esto coincide con lo descrito por las jóvenes de La Esmeralda. Además, fuentes en el ICBF le han revelado a Radio Trompo, que el instituto está preocupado porque estas vulneraciones, “no solo son una práctica en Bogotá, sino en muchos CAE del país”.
Mientras tanto, tras permanecer cinco días en aislamiento, una de las menores recuerda: “Estuve sin colchonetas, sin cobijas, con un frío impresionante. Y la comida llegó como a las nueve y media de la noches, toda fría”. Para ella, la experiencia no solo fue indigna, sino profundamente humillante, una forma de castigo que para ella no tiene justificación y no funciona.
Aislamiento como castigo
Si bien el SRPA es, en teoría, un sistema diferenciado y especializado para adolescentes, los hallazgos de la Defensoría revelan una contradicción en lugares como el CAE La Esmeralda, donde conviven adolescentes con sanciones del SRPA y otras jóvenes que han sido ingresadas bajo la medida IRAJ (Internado para Administración de Justicia).
El IRAJ es un mecanismo que, por ley, está destinado únicamente a la protección de adolescentes y jóvenes, no a su sanción. Se trata de una medida complementaria, no punitiva, que se aplica cuando la autoridad identifica que la persona está en situación de vulneración de derechos.
Esta medida se usa especialmente “cuando el proceso se encuentra en etapa de investigación y aún no hay suficientes elementos probatorios para imponer una sanción del SRPA, o cuando la conducta no alcanza los criterios para aplicarla”, explica personal del sistema.
En teoría, el IRAJ busca prevenir que el adolescente reitere el presunto delito, ofrecer acompañamiento y garantizar la restitución de los derechos que han sido afectados, además de “generar procesos de sensibilización y orientación sobre su comportamiento”.
La defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez advirtió que esta mezcla de poblaciones —una que cumple medidas judiciales y otra que debería recibir acompañamiento protector— vulnera el principio de atención diferenciada y expone a las adolescentes bajo IRAJ a dinámicas propias del sistema sancionatorio: restricciones, controles, lógicas punitivas e incluso prácticas informales de disciplina que no deberían existir en un entorno de protección.
En la práctica, esta coexistencia borra las fronteras entre protección y castigo, diluye las garantías que la ley promete para cada tipo de medida y coloca a las jóvenes, especialmente a las que ingresan bajo IRAJ, en un entorno que reproduce las mismas tensiones y riesgos del sistema sancionatorio.
En lugar de recibir acompañamiento y restablecimiento de derechos, muchas terminan compartiendo espacios, rutinas y controles con adolescentes judicializadas, lo que contradice directamente el propósito de la medida.
En ese contexto, según expertos consultados por Radio Trompo, prácticas como el aislamiento pueden funcionar como mecanismos de disciplina importados del mundo penitenciario y terminan vulnerando y poniendo en riesgo a los jóvenes.
Otra adolescente del Hogar Femenino afirma que el CEPI funciona como “un castigo disfrazado”. “Es un cuarto de reflexión, dicen, pero es un castigo. Uno entra y no le dicen cuánto va a durar. Solo lo dejan ahí”. Recuerda haber pasado días completos sin cobija y sin contacto humano significativo, en un encierro que describe como “otro encierro dentro del encierro”.
Efectos psicológicos: el encierro dentro del encierro
Una de las jóvenes, quien ha pasado varias veces por el CEPI, describe ese espacio como un lugar que la llevó al límite emocional. “Allá uno se desespera. Yo me ponía a sobrepensar todo y hasta llegué a mirar cómo matarme, con los cordones de los zapatos”, contó. Para ella, el aislamiento nunca tuvo un propósito pedagógico: solo la sumergió en un miedo creciente y en un silencio que, dice, la marcó por meses.
El aislamiento prolongado en adolescentes tiene consecuencias profundas, ampliamente documentadas por organismos internacionales y literatura especializada: ansiedad extrema, episodios de angustia, interrupción del sueño, aumento del riesgo de autolesión, pérdida de noción del tiempo, irritabilidad, e incluso síntomas compatibles con trauma.
Alejandra Correa, psicóloga que ha trabajado en el acompañamiento de menores explica que este tipo de aislamiento es “una forma de privación sensorial y social” que afecta gravemente la salud mental, aumentando la ansiedad, el estrés y los síntomas depresivos porque “reduce las experiencias positivas y limita la sensación de control”. La falta de estímulos también puede generar deterioro cognitivo y “alteraciones perceptuales”, como alucinaciones o distorsiones del tiempo, además de incrementar la agresividad, la autoagresión y el riesgo de brotes psicóticos.
En muchos casos, lo que empieza como una sanción termina convirtiéndose en una forma de deterioro emocional. “Cuando uno sale, vuelve más bravo. Más estallado. Allá uno no piensa bien. Se enloquece un poquito”, dijo otra joven entrevistada.
En centros que en los que los adolescentes ya enfrentan problemas de salud mental severos, bajo número de psicólogos y escaso acceso a programas terapéuticos, el aislamiento no solo viola la ley: agrava la misma crisis que el SRPA, se supone, intentar prevenir.
Sin registro ni supervisión
Una de las razones por las que el aislamiento persiste es la falta de trazabilidad. No existen registros unificados, protocolos claros de verificación, ni sistemas de monitoreo independientes que permitan corroborar cuándo un joven ha sido aislado, por cuánto tiempo y bajo qué justificación.
Para los jóvenes, esto se traduce en indefensión total. Para las familias, en opacidad. Y para el Estado, en un vacío que habilita abusos.
La Defensoría insiste en que las autoridades deben intervenir: “Estas medidas atentan contra la salud física y mental de los jóvenes”. Pero, como ocurre con otros problemas del SRPA, no ha llegado una respuesta clara.
Por qué importa: un sistema que promete protección, no castigo
El SRPA fue creado con un principio central: la sanción debe ser educativa, restaurativa y diferenciada. No puede replicar los castigos del sistema penitenciario adulto. Mucho menos aquellos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Cuando el aislamiento se utiliza como herramienta disciplinaria, el sistema traiciona su propio mandato. Pero además revela otro problema estructural: la distancia entre la norma y su implementación en la práctica cotidiana.
En un país donde anualmente más de cinco mil adolescentes pasan por el SRPA, estas prácticas no son una excepción irrelevante. Son un síntoma de un modelo que sigue fallando en su obligación de proteger, rehabilitar y garantizar derechos fundamentales.
Mientras los informes oficiales se acumulan y las advertencias se repiten, los jóvenes recluidos siguen describiendo la misma escena: un cuarto pequeño, una puerta que se cierra y un reloj que se detiene con ellos adentro.
