
Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Alejandro Valencia Carmona
En Colombia, más de cinco mil adolescentes entran cada año al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Y aunque estén cumpliendo una sanción, la ley dice algo importante: sus derechos fundamentales siguen vigentes. Entre ellos, también está el derecho a la vida afectiva, sexual y a decidir sobre su propio cuerpo.
Pero en la práctica ocurre lo contrario. Un derecho que existe en el papel se vuelve casi imposible de vivir. En la mayoría de centros del SRPA, los jóvenes no pueden tener visitas íntimas ni espacios reales para construir vínculos o expresar su afecto de manera segura. El derecho está reconocido, pero queda encerrado, como ellos.
En ese vacío entre lo que la ley promete y lo que el sistema permite, el costo emocional se siente todos los días.
“Uno se mantiene acá estresado por el diario vivir, por no saber cómo está la familia y estresado por no tener la intimidad”, dice José Luis, un joven del SRPA del Centro de Atención Especializada (CAE) Los Samanes, en Neiva.
En los Centros de Atención Especializada (CAE) y Centros de Internamiento Preventivo (CIP), espacios donde los jóvenes cumplen sanciones privativas de la libertad, los derechos sexuales y derechos reproductivos deben seguir vigentes.
La Ley 1098 establece que, aun bajo sanción, los jóvenes conserven su derecho a la intimidad, a la salud sexual, a la información y a decidir sobre su cuerpo.
Y no es solo una norma interna: tratados internacionales —como la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y La Habana y la Convención de Belém do Pará— exigen que los Estados garanticen esos derechos incluso en privación de libertad, protejan a los adolescentes de violencia sexual y les brinden educación y servicios adecuados.
Sergio Chacón es un abogado que ha trabajado con jóvenes del SRPA, además es presidente del Consejo de Juventud de Medellín y en sus investigaciones encontró grandes carencias en el sistema, relacionadas con los derechos sexuales.
“Uno de los derechos que se ven vulnerados, pues hacen parte del derecho a tener relaciones sexuales consensuadas y lo que nosotros hemos conocido en entornos de privación de libertad como el derecho a la visita íntima o los encuentros íntimos”, explica Sergio, más conocido en la política y el activismo como “Checho Juventud”.
Sergio, en su diagnóstico encontró que esta situación se debe a diversos factores. Entre ellos la falta de voluntad política o las posturas éticas y morales de las personas involucradas en el Sistema que impiden los avances, por ejemplo, por razones religiosas, ya que muchos de los operadores tienen un enfoque que mezcla la fe con la justicia restaurativa.

Un proyecto piloto
El ICBF le confirmó a Radio Trompo que el año próximo se pondrá en marcha un proyecto piloto en Quibdó para permitir que adolescentes del SRPA accedan a visitas íntimas reguladas, marcando el primer intento institucional de garantizar este derecho en la práctica. Este proyecto busca asegurar que no se trate únicamente de relaciones sexuales, sino que incluya talleres de educación sexual y ponga énfasis en la importancia de la anticoncepción, el consentimiento y otros temas clave.
Ana Manrique, enlace técnico del enfoque de género en la subdirección del SRPA, insiste en que la sexualidad es integral: identidad, emociones, vínculos, comunicación.
“Es importante primero saber que la sexualidad no se agota únicamente en tener relaciones sexuales, sino que desde una mirada integral tiene que ver con la identidad, con la comunicación, con las relaciones, con las demás personas”, explica Manrique.
Por ahora, el ICBF avanza en la construcción de una guía que permitirá a los operadores seguir unos lineamientos que garanticen este derecho a los adolescentes y jóvenes.
“En esta guía mencionamos la importancia de la información: del acceso a métodos de protección, que las relaciones sean seguras, sin presiones, que no se presente ninguna situación de abuso o de violencia sexual o o alguna que vaya en contra de la convivencia, como el ingreso de elementos no permitidos, de armas o de sustancias psicoactivas, explica Carolina Rojas es el enlace técnico de salud en la subdirección del SRPA.
Problema logístico
En el SRPA también hay mayores de edad porque si una persona es sancionada por un delito que cometió siendo menor de edad, pues lo debe cumplir en el mismo sistema. Independientemente de que cuando haya sido sancionado ya tenga más de 18 años o que mientras cumple la sanción alcance la mayoría de edad.
Además, para un encuentro íntimo se necesita un lugar que cumpla con ciertas condiciones específicas. Que sea limpio, que tenga un baño, que sea privado para las personas que allí estén y que cumpla con las condiciones de seguridad del Centro.
Claudia Prieto, responsable del CAE Los Samanes, lo resume así: «tiene que ser un lugar privado, higiénico, un lugar que garantice esa privacidad”.
Es muy difícil encontrar un espacio así en este momento en cualquier CAE del país, por eso tanto ICBF, como operadores deberán ponerse de acuerdo en la adecuación y/o construcción de estos espacios.
En otras situaciones, por ejemplo, cuando el predio y las instalaciones sean del municipio o del departamento, la Alcaldía o Gobernación deberán asumir también un papel en la materialización del espacio. Así que al fin y al cabo muchos tienen que intervenir para garantizar los derechos sexuales de los jóvenes y adolescentes privados de la libertad.
Son muchos los puntos a tener en cuenta a la hora de garantizar este derecho, porque no se pueden vulnerar otros con tal de garantizar uno. Mientras las guías y los planes avanzan, los jóvenes y adolescentes del SRPA deberán esperar también que se dispongan de los espacios necesarios para una visita digna, que sean higiénicos y privados, donde los jóvenes puedan tener por fin un espacio de intimidad con su pareja, así como sucede en el sistema para penitenciario.






