Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Alejandro Valencia Carmona
El especial periodístico Voces Olvidadas, producido por los jóvenes del proyecto Sueños Sonoros, expone fallas profundas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que van desde demoras críticas en la atención en salud hasta consumo activo de sustancias dentro de los Centro de Atención Especializados (CAE) para jóvenes privados de la libertad.
A esto se suman vulneraciones de derechos fundamentales como la falta de garantías para ejercer la vida sexual y afectiva, incluida la ausencia de visitas íntimas, y prácticas de aislamiento que los propios adolescentes temen denunciar.
Las revelaciones contrastan con el enfoque pedagógico, humanizador y restaurativo que, según el ICBF, debería orientar al sistema. Las historias recogidas por Radio Trompo muestran que, para muchos jóvenes, la resocialización convive con barreras institucionales, medidas que contradicen la ley y entornos que profundizan su vulnerabilidad.
Este especial se convierte así en un llamado urgente a revisar un sistema que promete protección, pero que en la práctica sigue reproduciendo silencios, riesgos y deudas pendientes.
Salud: impedida por la burocracia y negligencia
Aunque el SRPA se define como un sistema orientado a la rehabilitación, en el CAE La Esmeralda se evidenciaron barreras que impiden el acceso oportuno a servicios médicos, un derecho fundamental.
La lucha por el derecho a la salud se convirtió en una condena silenciosa en el CAE para estas jóvenes. Por ejemplo, a una joven privada de la libertad, le tomó dos semanas que le creyeran que sufría de apendicitis. Esta dolencia requiere tratamiento urgente
Estas dificultades fueron registradas en el podcast de Radio Trompo sobre acceso a la salud en el SRPA, donde se exponen demoras, trámites excesivos y falta de atención temprana para problemas físicos y mentales.
En el CAE La Esmeraldas, los periodistas de Radio Trompo encontraron problemas para acceder a analgésicos sin prescripción médica, falta de instalaciones adecuadas para atender problemas de salud, la dificultad de salir de los CAE por falta de patrullas que movilicen a las usuarias, demoras de una activación de ruta, tanto por negligencia del personal del centro, como de protocolo de la EPS, entre otras.
En centros como este, menos de la mitad de los jóvenes logran una cita de medicina general y el acceso a psiquiatría es menor al 20%, según el informe de Aproximación a la situación de salud de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal del 2021.
Y hay un caso muy particular que demuestra las dificultades del acceso a la salud: el de Yineth, una joven del SRPA. Ella comenzó a sentir un dolor que manifestó en el Centro, pero en el CAE se tardaron dos semanas en atender lo que era una apendicitis.
“En la segunda semana yo ya no podía del dolor, no me podía parar de la cama, tenía muchas ganas de vomitar. Esa mañana ya todo lo que desayunaba lo vomitaba. Llegó la coordinadora cuando yo ya lloraba de dolor. Entonces ella dijo: ‘No, pues ya llevas muchos días, entonces vamos a activar la ruta’”, cuenta Yineth.
Al escuchar el podcast y la situación, Carolina Rojas dijo que era “muy preocupante” y destacó el hecho de conocer esta problemática por los mismos jóvenes del SRPA a través del podcast Radio Trompo investiga el acceso a la salud en el SRPA.
“Hay muchas herramientas para hacer el seguimiento que nosotros debemos fortalecer desde ICBF por ejemplo, el tema de los estudios de caso. La idea es que cada adolescente le pueda contar a su defensor de familia no solo su proceso legal, sino también de restablecimiento de derechos”, dice Carolina Rojas, enlace técnico de salud del SRPA quien resaltó que estas situaciones no deben pasar y gozar de sus derechos
¿Justicia Restaurativa?
El SRPA desde su concepción tiene un enfoque de justicia restaurativa con dos grandes apuestas: las preventivas y las proventivas. Estas buscan evitar la escalada de los conflictos o delitos y reparar el daño causado, respectivamente. Ambas buscan la reintegración social y la no repetición.
La visión del ICBF de la justicia restaurativa tiene que ver con la responsabilización del daño por parte del joven y hacer un ejercicio reflexivo frente a lo que hizo, “pero sobre todo un acercamiento frente a la reparación que tiene que tener con su víctima”, dijo Magally Macías sobre el objetivo de la justicia restaurativa en el SRPA.
Es un reto que los jóvenes que pasan por el SRPA hagan todo este proceso, que tiene que ver con el reconocimiento y la puesta en marcha de procesos restaurativos no solo personales, sino que también reparen ese daño de manera directa.
Sin embargo, Entre 2016 y 2018, el ICBF contrató 11.429 cupos para el SRPA. De ellos, 4.960 (43 %) fueron asignados a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas, según el análisis de contratos realizado por Manuel Alejandro Torres en su tesis de maestría. Los 6.469 cupos restantes (57 %) se otorgaron a ONG, fundaciones y otras entidades de la sociedad civil sin filiación religiosa.
Y ese enfoque religioso se traslada a también la justicia restaurativa, donde el enfoque de justicia restaurativa muchas veces pasa más por ejercicio personal (cuando lo hay) que por un ejercicio que como lo indica Magally Macías repare a la víctima.
“Cuando eso no se trabaja, pues no hablamos realmente de un modelo de intervención con enfoque restaurativo, podemos hablar de otra cosa, pero esa otra tipo de intervención más espiritual y más desde el ejercicio de lo pastoral, pues no garantiza resultados restaurativos”, dice Arturo Suárez, experto en Análisis de políticas públicas de Acceso a la Justicia, Justicia Comunitaria, Restaurativa, en Equidad y Construcción de Paz.
Consumo: el gran reto
Según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas, en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2023, el 70,8% de los jóvenes han consumido una droga al menos una vez en su vida y casi la mitad, el 47,4% lo ha hecho en el último año. Por otro lado, la edad promedio en la que las personas consumen alguna droga por primera vez es a los 14 años.
Pese a que está prohibido en los acuerdos de convivencia, el consumo de sustancias psicoactivas continúa dentro de los CAE.
“Muchas veces esta red de apoyo familiar no es garante de sus derechos. Hemos encontrado familias que consideran que es más apropiado que su hijo se encuentre en este espacio privado de la libertad, pero que se encuentre bajo el consumo”, explica Viviana Caballero, responsable del Servicio en el CAE Villa Luz en Montería.
Así hay mucha permisividad por parte de las familias y les lanzan drogas a sus familiares dentro del CAE para que se mantengan en este espacio “más tranquilos”, explicó Viviana.
Esta es una situación que se repite en muchos CAE del país. Pueden variar las formas en las que ingresan las drogas, pero siempre terminan entrando.
El ICBF no tiene un enfoque punitivo, sino de salud pública. “El consumo no se puede trabajar desde un tema de castigo o prohibició”, afirmó Rojas, quien resaltó que el acompañamiento psicosocial es clave para entender si el consumo es problemático, experimental u ocasional.
Los mismos jóvenes del SRPA produjeron un podcast en el que narran cómo se vive el consumo dentro de un CAE y qué efectos tiene sobre su proceso de resocialización.
Visitas íntimas: un proceso en construcción
Más de cinco mil adolescentes entran cada año al SRPA. Y aunque estén cumpliendo una sanción, la ley dice algo importante: sus derechos fundamentales siguen vigentes. Entre ellos también está el derecho a la vida afectiva, sexual y a decidir sobre su propio cuerpo.
“Uno de los derechos que se ven vulnerados, pues hacen parte del derecho a tener relaciones sexuales consensuadas y lo que nosotros hemos conocido en entornos de privación de libertad como el derecho a la visita íntima o los encuentros íntimos”, explica Sergio Chacón un abogado que ha trabajado con jóvenes del SRPA, además es presidente del Consejo de Juventud de Medellín.
Un reclamo constante que hacen los jóvenes privados de la libertad es poder tener visitas íntimas, más conocidas como visitas conyugales. Por ahora, el ICBF está trabajando en un proyecto piloto para garantizar este derecho, que es avalado por normas nacionales e internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de La Habana y la Convención de Belém do Pará. Estas exigen que los Estados garanticen esos derechos incluso en privación de libertad, protejan a los adolescentes de violencia sexual y les brinden educación y servicios adecuados.
Carlos Barrera, enlace técnico en salud, explica que el próximo año comenzará este proyecto piloto, que será un paso grande en todo el proceso de educación integral en sexualidad en el que vienen trabajando.
Además, el ICBF está construyendo una guía que será la hoja de ruta para garantizar los derechos sexuales de los jóvenes privados de la libertad en todo el territorio nacional.
“En la guía para la implementación de las visitas íntimas estamos contemplando cómo se debe hacer, dando las recomendaciones y que estas sean adaptadas a las diferencias que tiene cada uno de los territorios del país”, explica Carlos Barrera.
El primer paso es la guía y el segundo paso es hacer el piloto para terminar de ajustarla y para que este derecho a la sexualidad sea ejercido incluso por jóvenes privados de la libertad, de la mano de una educación sexual.
Escucha acá el podcast sobre visitas íntimas en el SRPA.
Aislamiento: una asunto sin respuesta
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Colombia continúa aplicando prácticas de aislamiento que están prohibidas por la ley. Testimonios de jóvenes del CAE La Esmeralda en Bogotá, recogidos por Radio Trompo, denuncian encierros en cuartos pequeños, fríos y sin ventilación, llamados CEPI o “cuartos de reflexión”, donde algunas han permanecido hasta seis días sin contacto humano, sin actividades educativas y con acceso irregular a la comida.
Aunque oficialmente los centros niegan usar el aislamiento como castigo, la Defensoría del Pueblo ha confirmado su existencia en varios CAE y lo califica como un trato cruel, inhumano y degradante. Además, advierte sobre la mezcla de adolescentes sancionados del SRPA con jóvenes bajo la medida IRAJ, que debería ser exclusivamente protectora, lo que expone a estas últimas a lógicas punitivas indebidas.
Los efectos psicológicos del aislamiento en adolescentes son severos: ansiedad, desorientación, riesgo de autolesión, deterioro cognitivo y síntomas traumáticos. Varias jóvenes relatan desesperación, pensamientos suicidas y un empeoramiento emocional después de pasar por estos cuartos.
La persistencia de esta práctica se agrava por la falta de registros y supervisión, lo que permite abusos sin trazabilidad. En conjunto, estas denuncias evidencian una brecha profunda entre los principios protectores y restaurativos del SRPA y su aplicación real, donde el aislamiento opera como una forma de castigo que vulnera derechos fundamentales y reproduce dinámicas propias del sistema penitenciario adulto.
Sin embargo, desde Radio Trompo no hemos recibido ninguna respuesta oficial por parte de ICBF sobre este acto que viola los derechos humanos.
Si bien desde la subdirección del SRPA rechazan esta práctica no hay una ruta clara para impedir que siga sucediendo y así proteger los derechos de los adolescentes privados de su libertad.
Magally Macías Acevedo, subdirectora SRPA, dijo que lo que se busca desde ICBF es “que efectivamente se le garanticen los derechos a los jóvenes del Sistema bajo una perspectiva integradora, humanizadora, pero sobre todo con un enfoque pedagógico y restaurativo”.
