Por Alejandro Valencia Carmona
En Colombia, cumplir 18 años es un rito de paso agridulce. Para unos pocos, significa la libertad de votar y entrar a una discoteca; para la gran mayoría, representa enfrentarse al laberinto de «definir la situación militar». Durante décadas, la libreta militar ha sido el fantasma que persigue a los jóvenes de estratos bajos, mientras que para otros es simplemente un trámite que se resuelve con la billetera.
Pero en vez de una abolición del servicio militar, a finales del año pasado el Ministerio de Defensa presentó el Decreto 1075 que le permitirá a los jóvenes prorrogar voluntariamente su tiempo de servicio hasta por un período de 12 meses.
En campaña, el gobierno de Gustavo Petro prometió sintonizarse con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y desmontar el servicio militar obligatorio (SMO). Sin embargo, a mitad de camino del 2026, la pregunta sigue en el aire: ¿Qué pasó realmente con esa abolición?
¿Dignificación o incentivo a la guerra?
El Gobierno ha optado por un camino intermedio: si no podemos quitar la obligación todavía, al menos paguemos mejor. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sacado pecho con las nuevas cifras de remuneración para quienes portan el uniforme. Pues desde mediados del año pasado prometió que este año, los miembros de la Fuerza Pública recibirían un aumento significativo en el sueldo.
“Esto mejora la dignidad para quienes prestan el servicio militar”, dijo Sánchez. Si bien esto parece un avance en justicia laboral, para voces como la de Lila Arias, abogada e investigadora de Policarpa, la Clínica de Justicia Ambulante de Temblores ONG, el trasfondo es más complejo:
“Yo sí creo que hay que partir de una premisa clara y es que pagar mejor no desmilitariza. Únicamente hace más llevadera esta lógica de guerra… puede convertir el servicio militar en la única opción de empleo viable para un joven excluido, reforzando la idea que la única forma de progresar en Colombia es tal vez a través de las armas”.
La billetera contra el fusil: Una desigualdad de estratos
El principal problema del servicio militar en Colombia no es solo su obligatoriedad, sino su selectividad. Según un estudio de la ONG Temblores, la gran mayoría de los soldados bachilleres y regulares provienen de los estratos 1, 2 y 3. En los estratos 5 y 6, la presencia de estos soldados es, sencillamente, inexistente.
Lila Arias, explica que la barrera más grande para eliminar el Servicio Militar Obligatorio es económica: “Yo creo que la principal barrera que consideramos que ha frenado la eliminación de la prestación del servicio militar o el tránsito hacia un modelo voluntario es una barrera de carácter económico. Y esto es porque la cuota de compensación militar financia directamente al Estado”.
Para Arias, esta cuota, el dinero que se paga para no ir a las filas, es, en la práctica, un “impuesto al cuerpo de los jóvenes”. Quien tiene dinero, compra su libertad y sigue con su proyecto de vida; quien no, debe poner el pecho.
El derecho a decir «no»: La objeción de conciencia
Más allá de los números, surge una pregunta ética: ¿Por qué servir al país debe ser un castigo para quien no tiene dinero o para quien rechaza la guerra? Aquí entra la objeción de conciencia, un derecho fundamental respaldado por la Corte Constitucional que permite negarse al reclutamiento por motivos éticos, religiosos o filosóficos.
Sin embargo, la teoría choca con la práctica, como lo vivió Franklin Huertas, un estudiante de Ibagué cuyo caso terminó en los juzgados. Su experiencia revela las costuras de un sistema que aún se resiste a la libertad de pensamiento: “Descubrí que objetar por razones éticas o políticas no parece tener peso; parece que solo se beneficia a posturas religiosas radicales. Es lamentable que la juventud se vea obligada a prestar servicio no por vocación, sino por falta de oportunidades para un proyecto de vida civil”.
El muro legislativo: «Servir a la patria no es solo portar un arma»
Desde el Congreso también se han dado batallas que terminaron en vía muerta. El exrepresentante Daniel Carvalho Mejía , junto a Humberto de la Calle, lideró un proyecto en 2022 para eliminar la obligatoriedad de forma progresiva en diez años, proponiendo un tránsito hacia la profesionalización del Ejército y alternativas de servicio social o ambiental.
Carvalho expone las razones por las cuales el sistema actual es insostenible: “Es un proceso profundamente inequitativo: el 99% de los soldados son de estratos 1, 2 y 3, mientras los más pudientes suelen comprar su libertad. No podemos dejar la defensa nacional en manos de jóvenes inexpertos que no tienen vocación de estar ahí”.
Pese a sus esfuerzos, el proyecto naufragó por tres factores: la falta de respaldo de las bancadas de gobierno y oposición, la priorización del Servicio Social para la Paz dentro de la «Paz Total» y el progresivo deterioro del orden público, que enfrió cualquier debate de desmilitarización. Tras dos años de intentos, Carvalho desistió: “Podemos ofrecer otras formas de patriotismo, pero no logré las mayorías necesarias”.
El panorama actual
A día de hoy, Colombia sigue la tendencia global de profesionalización a paso lento. Mientras el mundo avanza hacia ejércitos voluntarios, más de 60 países mantienen el Servicio Militar Obligatorio.
La abolición total del servicio militar parece, por ahora, una meta lejana. Lo que tenemos es un modelo híbrido donde el Estado intenta «seducir» con mejores sueldos y ofrecer alternativas civiles, pero sin soltar el recaudo económico que generan quienes pagan por no ir.
El reto es que el Servicio Social para la Paz deje de ser una «promesa simbólica» y se convierta en una ruta accesible, lejos de los distritos militares y de las trabas económicas, para que cumplir 18 años en Colombia deje de sentirse como una sentencia.
Si quieres escuchar esta historia en las voces de sus protagonistas, hazlo en nuestro pódcast Onda del Día. Síguenos en Spotify y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
