En Colombia, cumplir 18 años es un momento muy importante. Por un lado, se adquieren nuevos derechos, como votar o tomar decisiones legales propias. Pero, por otro, muchos jóvenes se enfrentan a una obligación que no afecta a todos por igual: definir si deben o no prestar el servicio militar obligatorio, es decir, entrar al Ejército por ley.
Desde hace muchos años, este sistema funciona de manera desigual. Algunos jóvenes pueden pagar la llamada cuota de compensación militar, un dinero que les permite no prestar el servicio. Sin embargo, muchos otros no tienen cómo pagarla y terminan ingresando al Ejército. Así, la posibilidad de elegir depende en gran parte de la situación económica de cada familia.
Una promesa que no se cumplió
Durante su campaña, el gobierno del presidente Gustavo Petro prometió avanzar hacia la abolición del servicio militar obligatorio. La idea era que servir al país no tuviera que significar usar armas y que existieran otras formas de aportar a la sociedad.
Sin embargo, en 2026 esa promesa no se ha cumplido. En lugar de eliminar el servicio militar obligatorio, el Ministerio de Defensa presentó un decreto que permite a los jóvenes extender voluntariamente su tiempo de servicio hasta por 12 meses más. Esto dejó una pregunta clara: si se prometió eliminarlo, ¿por qué sigue existiendo?
¿Un mejor pago soluciona el problema?
Al no haber logrado eliminar el servicio militar obligatorio, el Gobierno tomó una decisión intermedia. Si no se puede quitar el servicio, al menos se mejoran las condiciones. Por eso, anunció un aumento en el pago para quienes prestan el servicio militar.
El ministro de Defensa afirmó que esta medida busca “dignificar” a los soldados, es decir, reconocer mejor su trabajo. Sin embargo, algunos expertos no están de acuerdo con que esta sea la solución. La abogada Lili Arias señala que pagar mejor no cambia el fondo del problema.
Según ella, un mejor pago puede hacer que el Ejército se convierta en la única opción de trabajo para jóvenes que no tienen acceso a estudio o empleo. Esto no ayuda a reducir la militarización, sino que refuerza la idea de que, para muchos jóvenes pobres, la única salida es el uniforme.
¿Por qué es tan desigual?
Estudios de la ONG Temblores muestran que la mayoría de los jóvenes que prestan servicio militar provienen de los estratos 1, 2 y 3. En cambio, en los estratos 4, 5 y 6 casi no hay jóvenes en el Ejército. Esto confirma que la decisión de ir o no al servicio militar está muy relacionada con los recursos económicos.
Además, cuando un joven paga la cuota de compensación militar, ese dinero entra directamente al Estado. Esto hace más difícil cambiar el sistema, porque también cumple una función de recoger dinero.
¿Es posible decir que no?
En Colombia existe un derecho protegido por la Corte Constitucional llamado objeción de conciencia. Esto significa que un joven puede negarse a prestar el servicio militar si va en contra de sus ideas, creencias o valores.
Sin embargo, en la práctica no siempre es fácil ejercer este derecho. Casos como el de Franklin Huertas, un estudiante de Ibagué cuyo proceso llegó a los juzgados, muestran que muchas veces solo se aceptan razones religiosas muy estrictas. Al final, muchos jóvenes terminan prestando el servicio no por vocación, sino por falta de oportunidades.
¿Qué está pasando ahora?
Hoy Colombia está a medio camino. El servicio militar obligatorio sigue existiendo, aunque se pague mejor y se hablen de alternativas civiles. Mientras en muchos países el servicio es voluntario, en Colombia abolirlo todavía parece lejano.
El reto es claro: lograr que cumplir 18 años no se sienta como una obligación impuesta, sino como una decisión real sobre cómo servir al país, sin que el dinero sea lo que decida el futuro de los jóvenes.
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