Ilustración: Isabella Meza Viana
En Colombia, cumplir 18 años es un momento clave. Trae nuevos derechos, como votar o poder salir con más libertad. Pero también trae una obligación que no afecta a todos por igual: definir la situación militar. Para muchos jóvenes, especialmente de familias con menos recursos, esto significa enfrentarse a la posibilidad de tener que prestar el servicio militar obligatorio, es decir, entrar al Ejército por ley.
Desde hace décadas este sistema funciona de manera desigual debido a que algunos jóvenes pueden pagar la cuota de compensación militar, que es un dinero que se paga para no prestar el servicio militar obligatorio. El valor de este pago depende de los ingresos de la familia: quienes tienen más recursos pagan y siguen con su vida, mientras quienes no pueden pagar suelen terminar en el Ejército.
Una promesa no cumplida
Durante su campaña, el gobierno de Gustavo Petro prometió que avanzaría hacia la eliminación del servicio militar obligatorio, pero en 2026 y a poco tiempo de terminar el mandato esto no ha sucedido, por el contrario se presentó un decreto que le permitirá a los jóvenes prorrogar voluntariamente su tiempo de servicio hasta por un período de 12 meses.
¿Mejor pago significa una mejor solución?
Lo que el gobierno decidió entonces fue proponer un camino intermedio. Si no se puede eliminar el servicio militar, al menos se mejoran las condiciones. Por eso, se anunció un aumento en el pago para quienes prestan el servicio.
El ministro de Defensa afirmó que esta medida busca “dignificar” a los soldados, es decir, reconocer mejor su trabajo. Pero algunos expertos advierten que esto no soluciona el problema de fondo.
La abogada e investigadora Lili Arias explica que pagar mejor no desmilitariza. Al contrario, puede hacer que el Ejército se convierta en la única opción de empleo para jóvenes sin acceso a estudio o trabajo.
Las desigualdades por estratos
De acuerdo con un estudio realizado la ONG Temblores, La mayoría de los jóvenes que prestan servicio militar provienen de los estratos 1, 2 y 3, pero en cambio de los estratos 4,5 y 6 la presencia es mínima, esto confirma que quienes tiene el dinero pueden “comprar” su libertad; quien no, paga con su tiempo, su cuerpo y el riesgo que implica prestar el servicio militar.
¿Se puede decir no?
Aunque en Colombia la Corte Constitucional protege algo que se llama la objeción de conciencia, que es el derecho que tiene una persona a decir “no” a prestar el servicio militar cuando hacerlo va en contra de sus ideas, creencias o valores (por ejemplo, rechazar la violencia o la guerra), esto en la práctica no es tan real y muchos jóvenes deben insistir o acudir a jueces para que se la reconozcan, como es el caso de Franklin Huertas, un estudiante de Ibagué cuyo caso terminó en los juzgados y quien se dio cuenta que lo único que parecía tener peso eran las posturas religiosas radicales.
¿En dónde estamos hoy?
Aunque el mundo avanza hacia el servicio militar voluntario, en Colombia todavía se está a medio camino, abolirlo parece ser una meta muy lejana.
Si bien se mantiene el pago superior a los soldados, también se mantiene el pago de la cuota de compensación militar. El reto es claro: lograr que cumplir 18 años no se sienta como una imposición, sino como una decisión real sobre cómo servir al país sin que la desigualdad decida por los jóvenes.
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