Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Redacción Radio Trompo
Mientras más de 41 millones de colombianos se preparan para votar en las elecciones presidenciales, cientos de jóvenes mayores de edad siguen atrapados en una situación extraña: legalmente tienen derecho al voto, pero en la práctica no podrán ejercerlo.
Son jóvenes privados de la libertad y vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), donde permanecen cumpliendo sanciones por hechos ocurridos cuando eran menores de edad.
Aunque hoy tengan 18, 19 o 21 años, el sistema que los regula sigue siendo el adolescente.
Y justamente ahí nace el debate.
¿Por qué sí podrían votar?
Según varios expertos, el SRPA no funciona como una cárcel de adultos.
Sergio Chacón, investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana, explica que el sistema tiene un enfoque educativo y de resocialización, no solamente de castigo. Por eso, argumenta, estos jóvenes no deberían perder sus derechos políticos como ocurre con adultos condenados en el sistema penitenciario tradicional.
De hecho, el año pasado varios adolescentes y jóvenes privados de la libertad sí pudieron participar en elecciones de Consejos de Juventud porque se instalaron mesas y mecanismos especiales dentro de los centros.
Entonces aparece una pregunta incómoda: si antes fue posible garantizar el voto, ¿por qué ahora no?
El choque con la Registraduría
La Registraduría sostiene que las personas privadas de la libertad pierden sus derechos políticos. Pero abogados y organizaciones que trabajan con jóvenes del SRPA dicen que esa interpretación mezcla incorrectamente el sistema de adultos con el sistema adolescente.
Alejandro Ordóñez, abogado de la Fundación Mi Historia, asegura que restringir el voto en estos casos podría ser inconstitucional y contrario a estándares internacionales de derechos humanos.
Pero más allá de la discusión jurídica, el problema también es práctico.
En muchos centros no existen urnas, transporte ni coordinación para permitir que los jóvenes voten. Directivos de centros en Neiva, Montería y Leticia reconocen que no hay suficientes mecanismos ni personal para garantizar la participación.
Una democracia incompleta
Además, muchos jóvenes dicen sentirse completamente fuera de la conversación política.
“Deberían tener en cuenta nuestro voto”, dice Camilo, un joven privado de la libertad en Neiva, Huila.
Otros jóvenes aseguran que no conocen las propuestas de los candidatos porque nadie visita los centros ni les explica los programas de gobierno.
Eso revela un problema más profundo: la exclusión política no siempre ocurre porque alguien prohíba votar directamente. A veces ocurre porque no existen las condiciones reales para participar.
Y ahí aparece la pregunta más importante: ¿puede hablarse de una democracia completa cuando algunas personas tienen derechos en el papel, pero no posibilidades reales de ejercerlos?
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