Ilustración: Isabella Meza Viana
Por: Alejandro Valencia Carmona
Miles de jóvenes en Colombia ya tienen 18 años, tienen cédula… pero no podrán votar este 31 de mayo en las elecciones presidenciales.
Están dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y hay un lío tremendo para que puedan votar. En muchos centros no existen mesas ni mecanismos para que puedan participar. Además, el Estado no ofrece las garantías para que puedan hacerlo.
Mientras más de 41 millones de colombianos se preparan para elegir al próximo presidente, cientos de jóvenes adultos siguen atrapados en un vacío legal: tienen el derecho, pero no la posibilidad real de usarlo.
Este domingo 31 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial en Colombia. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá segunda vuelta el 21 de junio.
Según la Registraduría Nacional, 41.421.973 personas están habilitadas para votar. Entre los candidatos que lideran las encuestas aparecen Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella.
Pero la pregunta sigue abierta:
¿Puede hablarse de una democracia plena cuando algunos jóvenes, pese a cumplir con los requisitos legales para votar, continúan excluidos del proceso?
Camilo, un joven de 21 años que está en el sistema, lo explica así:
«Seguimos siendo seres humanos. Independientemente de que hoy estemos acá, cuando alguno de esos candidatos esté en su mandato, nosotros vamos a salir y seremos parte de la sociedad.”
¿Por qué ellos sí pueden votar y los adultos en las cárceles no?
Para entender esto, hay que saber que el sistema penal para adolescentes es distinto al de los adultos. Sergio Chacón, investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana, lo explica de forma sencilla:
«A los adultos condenados se les suspenden sus derechos políticos. Pero con los adolescentes, el proceso es de resocialización, no es castigador. El único derecho que se les limita es la libertad de moverse (locomoción). El resto de sus derechos se deben garantizar».
Es decir que el SRPA no funciona como un sistema penitenciario para adultos. Su enfoque es pedagógico y restaurativo, no punitivo: busca que los jóvenes aprendan, reparen y puedan reconstruir su proyecto de vida, en lugar de ser castigados únicamente.
En palabras simples: como los adolescentes vinculados al SRPA no están siendo «condenados», sino sancionados, siguen teniendo derecho a elegir quién gobernará el país entre 2026 y 2030.
De hecho, Chacón recuerda que el año pasado tres chicos que estaban privados de la libertad fueron elegidos como consejeros de juventud. Para esas elecciones sí se instalaron mesas y mecanismos para que los adolescentes y jóvenes del SRPA pudieran participar. Entonces, la pregunta que muchos se hacen ahora es: si se pudo antes, ¿por qué no en estas presidenciales?
El lío con la Registraduría
La Registraduría Nacional tiene una posición clara. Un vocero le dijo a Radio Trompo que no pondrían puestos de votación en los centros de atención porque, según ellos, estos jóvenes pierden sus derechos políticos al perder la libertad.
Alejandro Ordóñez, abogado de la Fundación Mi Historia, que trabaja con jóvenes vinculados al SRPA asegura que esta decisión es «inconstitucional» y va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
«La Registraduría está restringiendo un derecho humano de manera arbitraria. Está equiparando el sistema de adultos con el de adolescentes. Aunque hoy sean mayores de edad, el acto lo cometieron siendo menores, por lo tanto, se les deben aplicar las garantías del SRPA».
Sin urnas y sin propuestas
En el mundo real, la falta de logística es el mayor obstáculo.
En el Centro de Atención Especializado (CAE) en Neiva, hay 22 jóvenes mayores de edad (17 hombres y 5 mujeres) privados de la libertad. Muchos de ellos siguen en el SRPA porque entraron al sistema cuando eran adolescentes o porque estaban en conflicto con la ley antes de cumplir los 18 años, por lo que deben terminar allí las sanciones impuestas dentro del sistema adolescente.
La Registraduría informó a la directora del CAE, Claudia Prieto, que los jóvenes no podrán votar en la primera vuelta presidencial.
Una de las alternativas sería que pudieran votar en las mesas donde ya están registrados, fuera del CAE. Pero Prieto explica que tampoco cuentan con la logística ni el personal suficiente para trasladar a tantos jóvenes ese mismo día.
Los directores de los CAE en Montería y Leticia dicen que no hay «articulación» ni coordinación para que los chicos salgan a votar.
Pero no es solo que no haya mesas; es que tampoco hay información. Los candidatos no van a estos centros y los jóvenes no conocen los programas de gobierno.
“Deberían tener en cuenta nuestro voto, pero hasta el momento no hemos recibido propuestas», dice Camilo en el CAE Picachos en Neiva.
Juliana, de 18 años, coincide:
«Estar privados de la libertad no nos quita los derechos. Sería muy bueno saber qué propuestas tienen porque se trata de quién nos va a liderar».
¿Qué dicen las autoridades?
El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) tiene clara su posición: los jóvenes sí tienen derecho a votar. Fuentes internas confirmaron que se enviará un oficio exigiendo a la Registraduría que cumpla con este derecho, pero hasta el día de hoy, no hay avances claros.
Mientras los 118 mil puestos de votación se preparan en todo el país, en los centros del SRPA el silencio continúa.
Eso sí, es un tema que está en discusión y que no está tan claro en la ley.
